El impacto diario del COVID 19 en la Comunitat
Los sectores económicos afrontan las nuevas medidas de Gobierno Central desde distintos puntos de vista
Frenar el impacto del COVID 19. Sanitarios, científicos, autoridades, entre muchos, buscan el fin de la pandemia. El estado de alarma ha cerrado la Comunitat Valenciana con un total de 31.648 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a 187.294 trabajadores.
Así, ante el incremento de contagios, el Gobierno central ha cesado hasta el próximo 9 de abril todas las actividades no esenciales. Una medida que según la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) supone un «mazazo» para el sector.
Sin embargo, la medida cuenta con el apoyo de UGT PV y CCOO PV, «cuanto antes empecemos, menos tiempo durará y más fácil será recuperarse; si va a cuentagotas será más difícil ponerse en marcha de nuevo», explicaba el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, a la agencia Europa Press.
Y es que pesar de la parálisis de ciertas actividades económicas, el Gobierno central ha aprobado el Real Decreto-ley 10/2020 donde se autoriza el permiso no retribuido recuperable. Un plan que permitirá a los trabajadores recibir de forma íntegra su sueldo y a las entidades exigir la devolución de horas no trabajadas a sus empleados.
AGILIZAR LOS TRÁMITES
El nuevo panorama que dibuja la tercera semana de confinamiento conlleva exigencias. Por ello, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha exigido a la Secretaría de Estado de Comercio y Apoyo a la Empresa y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a que «agilicen todos los trámites y decisiones en aras de dar cumplimiento al objetivo final de las líneas de avales aprobadas por el Ejecutivo, que no es otro que trasladar liquidez inmediata al sector empresarial».
La CEV a través de un comunicado oficial ha informado que las entidades bancarias todavía no han podido abrir las nuevas líneas del ICO de cara al público, porque los bancos «están a la espera de la asignación de su cupo, así como de la letra pequeña que vendrá reflejada en desarrollo reglamentario», dos cuestiones que dependen del propio ICO.
