El Botànic cree que la campaña contra la Ley del Juego no es rigurosa

Los ponentes de la Ley del Juego en Les Corts del PSPV-PSOE, José Muñoz; de Compromís, Graciela Ferrer, y de Unides Podem, Ferran Martínez, han advertido este sábado que, ante la crisis del coronavirus, la regulación del juego es «necesaria y urgente», al tiempo que han lamentado que la campaña contra la norma que «no se basa en datos rigurosos«.

Una normativa que cuenta con la oposición del resto de partidos de la Cámara, empresarios, hosteleros y sindicatos como UGT. La Presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado recientemente que el mero planteamiento en el actual contexto de la crisis del Covid-19 del Proyecto de Ley de Juego es “inadmisible y un suicidio” y que su aprobación significaría destruir 12.000 empleos para la Hostelería. Para el presidente de la CEV, Salvador Navarro, “no tiene sentido legislar tomando como base un escenario completamente distinto al que había cuando se tramitó la ley”. Ya en el momento de la tramitación, la CEV se opuso al cambio normativo al considerar que no estaba justificada una legislación tan restrictiva, que puede dañar gravemente la industria del juego.

Por su parte, los representantes del Botànic han destacado esta mañana en una rueda de prensa telemática que esta normativa «nace fruto del diálogo social», después de un «intenso debate con todo el sector y agentes implicados» que ha hecho posible una ley «muy equilibrada y necesaria».

Los ponentes han lamentado las campañas contra la ley que se están escuchando en las últimas semanas y que, según han afirmado, «no se basan en datos rigurosos». Han recordado que la norma vigente es de 1988 y han defendido que es necesario un nuevo texto adaptado al contexto actual y que permita frenar la proliferación de casas de apuestas y salones de juegos, que en los últimos seis años han aumentado un 100% su presencia en la Comunitat Valenciana.

Así, la norma prevé que estos establecimientos no se puedan instalar a menos de 850 metros de centros escolares, y que entre ellos haya una distancia mínima de 500 metros.

Respecto a las consecuencias que podría acarrear sobre la hostelería, los ponentes han rechazado que la instalación de mandos a distancia para activar las máquinas tragaperras pueda implicar el cierre de bares y han recordado que hay un periodo de 12 meses para que los establecimientos hosteleros puedan instalar el sistema de control remoto como el que ya tienen las máquinas de tabaco.

Por último, han recordado que con la entrada en vigor de la ley la aplicación de las normas de distancia no será inmediata en los 518 salones de juego sino que la aplicación será gradual en función de cuándo pidieron la licencia cada uno de ellos, y tendrán que cumplirlo cuando soliciten la renovación de la concesión.

Por su parte, el portavoz de Hacienda del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Jose Muñoz, ha advertido que «si hace tres meses esta norma era necesaria, ahora con la crisis post-covid es urgente». «En momentos de crisis como la que estamos viviendo se ha demostrado que aumenta la ludopatía y la adicción al juego que afecta a las personas más vulnerables porque crea una falsa apariencia de que un golpe de suerte te puede cambiar la vida», ha expuesto.

Por ello, ha insistido en que esta ley «es necesaria y urgente ahora más que nunca» y ha apuntado que «compatibiliza los intereses y la protección de personas vulnerables con los intereses de un sector económico que es legal pero que tiene que ser regulado».

El sector unido en contra de la Ley

Las asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar; las patronales del sector del juego privado Cejuego y Anesar; la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), sus asociaciones miembro y el sindicato UGT han pedido de forma conjunta la paralización de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana.