Las empresas pierden interés en el Perte de la alimentación por la complejidad burocrática

Cajamar incide en que el sector agroalimentario está formado por microempresas y los consultores especializados en las ayudas advierten de que "no hay el inteŕes que había hace un año"

El director de Cooperatives Agro-Alimentàries, Enrique Bellés; el presidente de FEDACOVA, Rafael Juan; el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y director de la publicación, Joaquín Maudos; y la coautora de la publicación, Jimena Salamanca

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El Perte de la alimentación tiene las mismas dudas que han llevado al Perte del automóvil a un paupérrimo nivel de adjudicación. Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, aseguró ayer en Valencia que lo que “más le preocupa es que el sector agroalimentario está formado por microempresas y pymes por lo que el nivel de complejidad burocrática que van a tener para participar en el Perte es mayor”.  

El presidente de Cajamar se pronunció así durante la presentación del Observatorio del sector agroalimentario de las regiones españolas de Cajamar realizado por el IVIE, en la que se destacó que sólo 0,9% de las empresas tiene más de 200 trabajadores mientras que un 2,5% tienen entre 50 y 199 empleados. De hecho, el grupo más numeroso en el sector agroalimentario son las micropymes (de 1 a 9 empleados) representando el 58,3% del total seguido de los empresarios sin empleados, que suponen el 21,3%. 

«Hay que aprovechar los fondos Next Generation», apuntó Baamonde, que advirtió: «La agricultura será de regadío o no será. No se puede esperar a que llueva y esto significa que hacen falta infraestructuras de regadío porque somos uno de los países con mayor riesgo de cambio climático».  

Cuestionado Baamonde por la radiografía actual del Perte de la alimentación, el presidente de Cajamar pidió a su consultor externo Manuel Laínez, especialista en la gestión de fondos europeos, que contestara. Los datos que ofreció no invitan al optimismo.  

Aseguró que el bloque de ayudas para regadíos, en el que se van a invertir unos 500 millones, avanza «al ritmo esperable» mientras que en el bloque de producción primaria se han distribuido las inversiones en las comunidades autónomas y «se ha hecho menos atractivo. Hay peticiones, pero menos de las esperadas».  

En referencia a las inversiones públicas, apuntó que ministerio y autonomías van «al ritmo previsto» mientras que las inversiones de la industria alimentaria, que son las que realizan realmente las empresas, «no hay el interés que había hace un año. Hay más dudas«.  

Rafael Juan, presidente de Vicky Foods y presidente de la federación agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, confirmó a Economía Digital que su empresa (que tiene las marcas Dulcesol, Be Plus y Hermanos Juan) participará en una agrupación empresarial para optar a ayudas del Perte. También reveló que tiene muchas dudas sobre cómo se resolverá la iniciativa en la que está embarcada su empresa. 

Reflexión de Cajamar sobre el cambio climático 

Durante la presentación del informe, que destacó el sector agroalimentario supone el 9,6% del VAB de la Comunidad Valenciana y el 12,2% del empleo total, el presidente de Cajamar hizo una reflexión sobre el cambio climático. Aseguró que está aceptado por la sociedad pero ignorado en las decisiones de los particulares.  

«La fiebre de la sostenibilidad que ha nacido en Europa viene de una confusión entre sociedad y consumidor. Todos somos parte de ambos conceptos», apuntó Baamonde.  

«Como sociedad aspiramos a tener un mundo mejor desde el punto de vista medioambiental y dejar un planeta mejor que el que recibimos de nuestros padres», añadió, para después explicar la contradicción en la que incidió: «Como consumidor ya no nos mueve la visión a largo plazo, sino que nos mueve la inflación y el precio«. En este sentido, apuntó que es crítico tener marca para diferenciarse en el mercado.  

El presidente de la entidad financiera incidió en que la inflación hace todavía más complicado que en la cesta de la compra entren los productos que tienen un mayor precio al tener que repercutir el coste que supone certificarse como medioambientalmente sostenible.  

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