Arranca el juicio del «caso Castor» en Castellón
Las sesiones empiezan con la declaración de los dos acusados para este juicio, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau
Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor. EFE
La Audiencia de Castellón juzga desde este lunes el conocido como «caso Castor», donde dos directivos de Escal UGS son los acusados principales y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que presuntamente causó la inyección de gas en la plataforma Castor, clausurada desde 2017.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos, además, también aparece como acusación la propia mercantil como persona jurídica.
La acusación popular del juicio, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, demanda siete años de prisión para los mencionados directivos de la filial de ACS por los comentados presuntos delitos que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente «con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico».
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, los cuales han provocado protestas desde el inicio de los mismos.
ANAI pide siete años de prisión para los directivos
Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
Esto sucedió cuando la empresa ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L obtuvo “autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor”
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
