Ximo Puig acumula siete meses de impago a las contratas de mantenimiento de los 18 hospitales públicos
Las contratas, obligadas a trabajar a pérdidas, han actualizado el salario un 16% desde 2018 a sus 400 trabajadores mientras la conselleria de Sanidad se niega a compensar el incremento de los costes que sufren las empresas
La Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, acumula siete meses de impagos a las adjudicatarias del mantenimiento de los 18 hospitales públicos valencianos. Según explica a Economía Digital uno de los empresarios que gestiona este servicio, el último mes que cobraron fue el de junio del año pasado. La Conselleria de Sanidad se niega a actualizar el precio del servicio pese a que se han aplicado subidas salariales de hasta el 16% desde 2018, tal y como se acordó en el convenio del metal al que están adscritos los 400 trabajadores que realizan este servicio.
“Estamos sufriendo muchos problemas porque todo lo que ha subido el IPC lo hemos tenido que asumir y, encima, se acaba el contrato y tenemos que seguir prestando el servicio a pérdidas”, explica el empresario.
El contrato de mantenimiento de los hospitales públicos valencianos fue un concurso que se adjudicó en junio de 2018 con una duración de dos años más una prórroga de otros dos años, es decir, al final de la primera legislatura de Ximo Puig. Al tratarse de un servicio esencial, pese a haber acabado el plazo del concurso el pasado mes de junio de 2022, las adjudicatarias tienen la obligación legal de seguir prestando el servicio teniendo prohibido renunciar al mismo.
Esto se debe a que sin este servicio se produciría el colapso de los 18 hospitales públicos valencianos. Estas contratas son las que se encargan del mantenimiento que incluye, entre otras funciones, fontanería, climatización, mantenimiento eléctrico, de las puertas… “En resumen, de todo el mantenimiento que necesita un hospital para funcionar”.
La situación a la que están sometidas las empresas es que desde la aceptación de la adjudicación han tenido que subir los salarios. “Con la cláusula de revisión, el incremento real ha sido de cerca del 16% desde 2018”, explican desde Femeval. A este incremento de costes vía salarial se le tiene que añadir el coste financiero que sufren las empresas al no cobrar de la Generalitat los últimos siete meses. «Nosotros pagamos las nóminas cada mes porque si no lo hiciéramos se iba a montar una huelga seguro«, asegura el empresario que ganó parte del concurso de 18 lotes de mantenimiento de hospitales.
El gasto financiero es el que ahora preocupa más entre los que se dedican al mantenimiento de hospitales. Cuando acabó el concurso, en junio de 2022, el euribor recuperaba el signo positivo pero aún no alcanzaba el 0,9%. Ahora sobrepasa el 3,3% y subiendo. Este coste financiero empieza a meter en pérdidas a las empresas.
Convenio por negociar y subida del SMI presionando
La situación de los 400 trabajadores del servicio de mantenimiento de los hospitales públicos y sus empresas adjudicatarias se enmarca en un contexto en el que convenio del metal está por negociar y el gobierno se ha desmarcado con una subida del Salario Mínimo Interprofesional sin acuerdo con la patronal.
“Por un lado suben el Salario Mínimo Interprofesional y, por otro, no repercuten en los contratos públicos las subidas salariales que los empresarios pactan con los sindicatos”, comentan desde el sector, que consideran absolutamente necesario que si se aplican subidas salariales se repercutan en la misma proporción al coste de los servicios que pagan las administraciones públicas.
Esta desincronía entre lo que aprueba, promulga y comunica el gobierno socialista con respecto a los salarios y su negativa para revalorizar los contratos públicos con los que se pagan estas alzas salariales tiene varios ejemplos. Además de los pagos congelados al servicio de mantenimiento de los hospitales públicos, el caso en las licitaciones de obra pública son similares. Tal y como publicaba Economía Digital, en la Comunidad Valenciana han quedado desiertas 360 obras por un importe acumulado de 127 millones por la falta de adecuación de los pliegos al contexto inflaccionista que tiene la economía.