Ximo Puig decreta el fin de los coches de combustión cinco años más tarde que la Comisión Europea
Las empresas de alquiler de coches denuncian que la ley valenciana les obliga a electrificar sus flotas a un ritmo superior al que pueden comprar y al que los clientes quieren consumir
El president de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts. EFE/Biel Aliño
La Ley del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana permitirá la matriculación de vehículos de gasolina y diésel hasta 2040 en territorio valenciano, una contradicción con la decisión de la Comisión Europea de vetar los coches de combustión en 2035. Además, fomentará, en algunos casos, el uso del gas no verde.
Todo ello, en un contexto en el que crea tres nuevos impuestos con un preámbulo en el que asegura que «no existe ninguna duda de que la principal causa del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero”, que se derivan de “la generación de energía eléctrica mediante fuentes no renovables, el uso de combustibles fósiles, el transporte o la actividad agropecuaria”.
El artículo 67 de la nueva ley, publicada ayer en el DOGV, es nítido: «Las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana adoptarán las medidas necesarias para que en 2040 los vehículos turismos y comerciales ligeros que se matriculan en la comunidad sean libres de emisiones”.
El gobierno valenciano confía sólo en el vehículo eléctrico para un parque libre de emisiones en 2050
A esto se suma que “mediante planes de penetración de vehículos eléctricos” se pretende que “el parque de vehículos turismos y comerciales ligeros en 2050 sea un parque libre de emisiones”.
En el apartado de biocombustibles, se asegura que se fomentará “la generación y el consumo de biocombustibles a partir del tratamiento de aguas residuales y la reutilización de aceites de uso doméstico e industrial”, y de los residuos y de los restos de origen orgánico, así como la generación y “el consumo de hidrógeno de origen renovable por la industria y el transporte”.
Esta apuesta por los biocombustibles y hidrógeno verde del artículo 58 tiene sus matices en el siguiente. En el 59 se apuesta por que las nuevas “instalaciones térmicas utilizarán preferentemente la energía de origen renovable”, a lo que se añade: “Se priorizará el uso del gas natural frente a otras fuentes de origen fósil”.
La ley obliga a aumentar el porcentaje de vehículos eléctricos dentro de la empresas de alquiler de coches. Las limitaciones se aplican a las empresas que renueven cada año un 30% o más de su flota. Para el año que viene, el “porcentaje mínimo de adquisición o alquiler de unidades sobre los vehículos nuevos adquiridos en el año” se sitúa en el 9%.
Desde Aneval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado del rent a car, explican a Economía Digital: «La ley climática valenciana establece una electrificación de nuestras flotas a marchas forzadas pero no tiene en cuenta que en medio de una crisis de microchips como la actual no llegan coches eléctricos suficientes, tampoco hay infraestructuras de recarga suficiente ni la capacidad de carga necesaria. En estos momentos estamos priorizando la introducción del vehículo eléctrico en nuestras flotas incluso por delante de la demanda, es decir, de lo que nos piden nuestros clientes pero comprobamos que los coches eléctricos no se alquilan aunque haya disponibilidad a precios más reducidos».
Las empresas de rent a car aseguran que hoy los coches eléctricos no se alquilan ni poniendo tarifas más bajas
La asociación de rent a car recuerda: «Nuestros coches son jóvenes, de bajas emisiones (siete de cada diez) y con altos estándares de seguridad porque se renuevan cada nueve meses«.
Además, la ley incluye medidas para mejorar la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la preferencia de las energías renovables, medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y transición justa, políticas de concienciación, educación y ejemplificación de la administración y tres nuevos impuestos: Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones e impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Compromís dice que la ley es el camino hacia la transición justa»
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha dicho que «el camino hacia la transición justa y la soberanía energética es ineludible para el Consell, y así lo afianza ambiciosamente la ley valenciana de cambio climático que precisamente hoy (por ayer) publicamos en el DOGV y que forma parte del eje 1 del Acuerdo del Botánico».
La consellera ha insistido en que «hay que acelerar el proceso hacia la transformación de nuestro modelo socioeconómico y ambiental con la instalación de energías renovables cuidando el territorio que también necesita especial protección». «Obviamente los proyectos deben pasar por el necesario control medioambiental y necesitan su tiempo de tramitación», ha añadido Navarro.
«Obviamente los proyectos deben pasar por el necesario control medioambiental»
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro
Esta declaración hay que enmarcarla en las acusaciones entre PSOE y Compromís sobre los retrasos de Compromís en las autorizaciones que esta semana desembocaron en que Ximo Puig dijera que él garantizaba que los expedientes de instalaciones fotovoltaicas saldrían adelante.
Con este mar de fondo, la Conselleria de Transición Ecológica (Compromís) comunicó ayer que ha emitido autorizaciones ambientales favorables para un total de 44 proyectos de instalaciones industriales de energía renovable en la Comunitat Valenciana a lo largo de 2022. Éstas, suman 1.370 megavatios de potencia, siendo la mayor parte de ellas instalaciones fotovoltaicas, aunque también existen de cogeneración e hidráulica.
En esta línea, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha puesto en valor que «el ritmo de declaraciones de impacto ambiental es bueno para conseguir el compromiso de los 6.000 megavatios de potencia conectados en 2030«. Asimismo, la consellera indicó que «el ritmo es más positivo si también tenemos en cuenta las instalaciones de autoconsumo».
Desde el Partido Popular, su presidente en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, afirmó que “la incompetencia de Puig en materia energética pone en peligro la creación de 5.000 puestos de trabajo, una inversión de 6.000 millones y nos enfrentamos a indemnizaciones de más de 1.000 millones”.
Mazón ha asegurado que “la única realidad que estamos viviendo es el colapso y la pérdida de oportunidades que serán irreversibles por la incompetencia, las purgas y los perjuicios que marcan la política energética de Puig”.
“La Comunitat Valenciana es la autonomía más dependiente de España y de Europa. Hay 350 proyectos colapsados y paralizados por los perjuicios y por la falta de coordinación de las consellerias competentes y el único responsable es Puig. Todas las autonomías evolucionan hacia la autosuficiencia, mientras la Comunitat Valenciana sigue colapsada”.
