Maudos (IVIE): “El impuesto a los bancos perjudica a la economía real”

El hachazo fiscal contra la banca anunciado por Pedro Sánchez durante el Debate del Estado de la Nación está infundado y perjudica a los españoles de manera individual y conjunta. El director adjunto del IVIE y experto en el sistema financiero español, Joaquín Maudos es rotundo: “Si la banca tiene que pagar un impuesto extra obviamente intentará trasladarlo en forma de un mayor tipo de interés de los préstamos que concede, por lo que la economía real sale perdiendo, pasando factura en la recuperación de la inversión y el consumo”.

El catedrático valenciano explica a Economía Digital que “el impuesto extra a los bancos carece de lógica” ya que utiliza una argumentación inconsistente. “Si se justifica por un supuesto aumento de beneficios asociado a la subida de tipos de interés, con la misma lógica los impuestos deberían de haber bajado en los pasados años en tipos de interés negativos”, apunta Maudos.

El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valencia añade: «Además, una subida de tipos no implica necesariamente un aumento de los beneficios”. Donde sí que existe una relación directa y automática es cuando hay un incremento de los costes que tiene el banco para dar la financiación por la aparición de nuevas cargas fiscales.
El director adjunto del IVIE insiste: “Si la banca traslada el aumento de impuestos a los clientes en forma de mayores tipos de interés, el que acaba pagando el impuesto es el sector privado, empresarios y consumidores que solicitan financiación más cara a los bancos”. 

Además de las empresas y los particulares que sufrirán una financiación más cara, el aumento de la carga impositiva abre la puerta a que la reestructuración bancaria (es decir, menos oficinas y trabajadores), continúe. “Si (la banca) tiene que encajar la subida restando beneficios, eso mete más presión para disminuir costes, lo que se logra cerrando oficinas y aligerando empleo. Además, menos beneficios son menos reservas y por tanto menos solvencia”, señala Maudos. 
A la situación que sufrirán los ciudadanos y empresas en general y los empleados en particular, se suma, como ya informó ayer Economía Digital, el autocastigo que se provocó Pedro Sánchez con el anuncio de nuevos impuestos para la banca. Sólo diciendo que tiene la intención de cobrar 3.000 millones adicionales ha conseguido que la participación del Estado en Caixabank se deprecie 330 millones de euros.

La red de oficinas bancarias se reduce en un 58,4%

La nueva presión sobre los costes del sistema financiero español es lluvia sobre terreno mojado. La banca española no vive ajena a los problemas de ahorro de coste convertidos en cierre de oficinas y despidos de empleados con EREs masivos. Precisamente ayer, Joaquín Maudos, conocedor en profundidad de esta situación, presentó el estudio «Informe sobre la Inclusión Financiera en España», elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que actualiza el mapa del acceso a servicios financieros en España y del que es el director del estudio.

Desde el máximo alcanzado en 2008, año de la quiebra Lehman Brothers y del inicio de las turbulencias financieras y reducción del sistema bancario, la red de oficinas bancarias en España se ha encogido un 58,4%, tal y como refleja el citado informe.

Un 1,4% de la población de Españano tiene acceso a servicios financieros

También el número de cajeros automáticos ha descendido en ese periodo, desde los 61.714 hasta los 47.639 de 2021, es decir, un 23% menos. Pese a estos cierres, España sigue siendo el tercer país de la UE-27 con más puntos de acceso por habitante a los servicios financieros, con una media de 1,52 por cada 1.000 habitantes frente a 1,08 de media europea.
El Informe sobre la inclusión financiera en España, elaborado para la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) concluye también que el 98,6% de la población española reside en un municipio donde, al menos, hay un punto de acceso a servicios bancarios.

Tal y como ha explicado Maudos en la presentación del informe, tras los cierres de sucursales, el 54,4% de los 8.131 municipios que hay en España ha quedado sin ninguna oficina bancaria. Se trata de localidades muy pequeñas en las que viven 1.555.688 habitantes, el 3,3% del total. Sin embargo, tras las medidas incorporadas por la banca como instalación de cajeros, agentes, oficinas de Correos y oficinas desplazadas, la población sin acceso a los servicios financieros se ha reducido a 657.577 personas, el 1,4% de la población. Es decir, en la actualidad, el 98,6% de la población española reside en un municipio en el que, al menos, hay un punto de acceso a servicios bancarios.

Esas cifras globales varían por provincias, ya que las diferencias regionales son grandes. Mientras que en algunas provincias se logra un 0% de población sin acceso a los servicios financieros, en Zamora se alcanza un máximo del 22,9% de habitantes que no tienen acceso a los servicios bancarios en su localidad. Por encima del 10% están las provincias de Zamora, Salamanca, León y Burgos.

En conjunto, más del 99% de los habitantes tiene un punto de acceso a estos servicios a menos de 5 kilómetros o a menos de 10 minutos de desplazamiento por carretera.