La eterna refundación de Feria Valencia

Feria Valencia lleva dos décadas debatiéndose sobre si tiene que ser una empresa pública o privada y si vive de los fondos públicos con total injerencia política o se deja en manos de gestores internacionales. El culebrón no ha sido resuelto por el gobierno del Botánico, que rechazó una oferta de más de 300 millones de euros privados por la gestión del recinto ferial, tal y como informó Economía Digital.

Sólo se ha avanzado en la forma jurídica, con su conversión en empresa pública y la solución de la deuda de la ampliación, pero los miedos electorales del PSOE si ejecuta la privatización parcial diseñada y la negativa general de Compromís a la iniciativa empresarial ha impedido a Feria Valencia incorporar nuevos certámenes y eventos. En vez de un recinto lleno se ha quedado en un espacio ocupado parcialmente por los certámenes de siempre y por usos excepcionales y antinaturales como almacén de productos sanitarios y de fallas durante el inicio de la pandemia además de otros usos no tan conocidos.

El relato de lo hecho por el Botánico empieza en mayo de 2016, un año después de derrocar al PP. Entonces se proclamó una hoja de ruta que ha sido incumplida y torpedeada. En aquella rueda de prensa estuvo respaldando la estrategia Joan Ribó (Compromís), alcalde de Valencia y presidente del Patronato de Feria Valencia, que pese a estos cargos ha sido el ‘Pilatos’ de la refundación.

El peso ha recaído en los que compartieron mesa aquel día, es decir, Vicent Soler (PSOE), entonces conseller de Hacienda, Rafael Climent (Compromís), conseller de Comercio, Natxo Costa (Compromís), entonces director general de Comercio y Manuel Illueca (PSOE), director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Feria Valencia ha pasado de un diseño de 60% privado, 30% Generalitat y 10% Ayuntamiento a rechazar 300 millones y que sea una empresa 100% pública

El plan pasaba porque la Generalitat asumiera la deuda de los bonos que se emitieron por la ampliación de Feria Valencia en la época del PP, que eran impagables con la actividad ferial, disolver la sociedad y crear una nueva sociedad mixta en la que inversor obtuviera el 60% de las acciones quedándose la Generalitat con el 30% y el Ayuntamiento de Valencia con el 10%.

Manuel Illueca recordó entonces que desde 2001 se discute la naturaleza jurídica de Feria Valencia. El por entonces presidente de Feria Valencia, José Vicente González (ex presidente de la patronal autonómica Cierval desparecida y reemplazada por la CEV), dijo que el objetivo era “que lo público se quedara en lo público y hubiera gestión privada y eso se ha conseguido” y “tenemos claro que el pliego de condiciones tendrá candidatos”. Desde luego, esa era la creencia empresarial entonces, aunque no tenga nada que ver lo que dijo González con lo que ha ocurrido.

Joan Ribó aseguró “hoy vamos a relanzar la institución” y llamó a la solución “razonable”. Vicente Soler también aplaudió el acuerdo tras asegurar que “permite amortizar socialmente y económicamente Feria Valencia” mientras que Rafa Climent recordó a Machado diciendo que “el camino se hace andando”. Tampoco atinó la parte política y menos cuando se ponen zancadillas al andar.

En aquella hoja de ruta se dijo que en otoño de 2016 estaría el cuaderno de venta, que a inicios de 2017 empezaría la disolución y que para verano de 2017 empezaría el proceso competitivo. Ni una fecha se ha cumplido. 

La situación de Feria Valencia se debe al deseo de Rita Barberá y del sector del mueble de tener el recinto más grande y que sea dentro del municipio de Valencia

La refundación de Feria Valencia ha tenido a la deuda como su problema más complejo de resolver. El origen tiene a dos actores fundamentales: Rita Barberá y el mueble. En aquella época anterior a la crisis suprime y la quiebra de Lehman Brothers con la bonanza que parecía inacabable por el boom inmobiliario hubo un movimiento en Europa de incremento de los recintos feriales. Como recuerdan históricos de Feria Valencia, Colonia amplió su feria en 2006, mientras que Milán lo hizo en 2008 y 2009, mismo año en el que se amplió IFEMA en Madrid. Valencia hizo lo propio en 2007.

Para aquel proyecto, la institución pudo utilizar unos recintos militares en Manises junto al aeropuerto. “Hubiéramos tenido terminal propia”, bromea el veterano empleado, que recuerda que optar por la ampliación de Feria Valencia en la pedanía de Benimámet, encima de una montaña y alejada del centro de la ciudad permitía a Rita Barberá continuar como presidenta de Feria Valencia. Si la feria se hubiera ido a Manises, habría perdido el cargo al ya no estar en el suelo del “cap i casal”. Esta obsesión de Rita Barberá contrasta en el otro extremo con el despego de Joan Ribó.

Y la ampliación se tenía que hacer sí o sí ya que para el sector del mueble, que en Feria Valencia ha tenido siempre una gran capacidad de influencia tanto por la parte de los fabricantes como de los comerciantes, requería de unas mayores instalaciones para sus enormes exposiciones. La realidad es que la feria del mueble fue menguando tan abultadamente que estuvo a punto de desaparecer.

En lugar de ello, entre 2014 y 2016 se tuvo que refugiar a modo de pegote en Cevisama (feria de la cerámica en la que se acopló) para disimular su declive. En 2017 volvió a sus fechas originales, aunque totalmente incapaz de cumplir con los sueños de llenar el recinto que tuvo diez o quince años antes.

Hace 9 años, los comerciantes del mueble luchaban por que no abriera IKEA y apareció Teyoland, el IKEA valenciano que duró seis meses. Era ilógico usar el recinto para actividades que no fuera feriales aunque con el COVID sirvió de almacén sanitario y de fallas

De hecho, y como si fuera un preludio, en aquella época de poderío del mueble se abrió una farragosa batalla contra la apertura de Ikea en la Comunidad Valenciana, cuestión en la que comerciantes y fabricantes fracasaron. Para más INRI, en 2013 Feria Valencia cedió uno de sus pabellones a Teyoland, un intento de crear un “IKEA valenciano” que duró seis meses.

La idea de utilizar Feria Valencia para usos no feriales fue totalmente incomprendido. Con la pandemia, el recinto ferial ha servido para guardar las Fallas que se plantaron en marzo de 2020 y que no se quemaron por el estado de alarma de la pandemia y después sirvieron los pabellones 7 y 8 (que vienen de la ampliación de 2007) para que la Generalitat guardara material sanitario durante la crisis de coranavirus.

La cuestión es que el coste de la ampliación, unos 600 millones que se convierten en 1.000 al sumar intereses, era impagable y pese a que la primera edición del gobierno del Botánico fue consciente de que esa deuda requería solución no fue hasta julio de 2020 cuando se culminó el proceso de subrogación de la deuda. Y entonces el problema pasó a ser el suelo.

Hasta febrero de 2021 no aprobó el Ayuntamiento de Valencia la cesión a la Generalitat del suelo sobre el que está Feria Valencia. Se trató de una mutación demanial subjetiva gratuita, es decir, que le dieron el suelo a la Generalitat para que lo utilice para fines feriales durante 50 años. Ribó dijo: “Un paso decisivo para que la feria vuelva a funcionar”. En mayo de 2016 había dicho: “Hoy vamos a relanzar la institución”.

El último paso en julio de este ha sido la creación de la nueva sociedad de Feria Valencia. “No se van a atrever a retomar la privatización de Feria Valencia con unas elecciones a la vista”, aseguran desde las altas instancias empresariales. Otra cuestión es si la tendencia de botanización del discurso empresarial oficial se mantiene tras el verano o se revierte. El culebrón y refundación de Feria Valencia tendrá una nueva etapa tras la cita con las urnas del año que viene.