El doble discurso de Ximo Puig: admite ante inversores extranjeros que la fragmentación política es «una debilidad»

La carambola en la aprobación de la reforma laboral ha dibujado a la perfección los síntomas de la política española: división, descontrol, desidia y desconfianza. Desgraciadamente, para los ciudadanos españoles, la rampa de decadencia ha dejado de sorprender. Pero imaginemos ahora que somos un analista financiero internacional que debía dar opinión, en los últimos meses, sobre la conveniencia de una inversión milmillonaria en España cuya viabilidad dependía de las condiciones laborales que modificaba el decreto ley de la reforma laboral: habría sido un auténtico farol predecir a nuestro cliente si la norma iba a salir adelante o no hasta, básicamente, el mismo minuto de la votación (y, en este caso, ni con esas).

Pues es el ejemplo más sencillo de por qué la incertidumbre política ha comenzado a lastrar seriamente la credibilidad de la economía española y, por extensión, el volumen de la inversión extranjera: en los nueve primeros meses del 2021, las inversiones de operadores internacionales han caído en España un 23% frente a igual período del año anterior.

En buena medida, esto sucede porque cada vez hay menos seguridad jurídica sobre el marco regulatorio español en el corto y medio plazo, algo que ni el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez es capaz de visualizar: la mayoría parlamentaria sobre la que se sostiene su Gobierno está tan atomizada y es tan inestable que no permite avanzar cuál es la política económica ni con qué apoyos va a contar.

Ximo Puig y la «debilidad» política

Este multipartidismo ha quitado fuerza al bipartidismo pero a su vez ha permitido al PSOE sumar mayorías – frágiles, pero mayorías al fin y al cabo -, tanto para el Gobierno de Pedro Sánchez como en plazas autonómicas y locales, siendo la Comunidad Valenciana uno de los primeros estrenos de este multipartidismo con el Pacto del Botánico. Por este motivo, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, normalizaba recientemente esta atomización: «España no es una isla ni en Europa ni en el mundo y el bipartidismo ya existe en pocos países», aseguraba en una declaración recogida por el diario El País en la información «Requiem por el bipartidismo en la política española (26-12-21). Es más; lo justificaba negando que fuera «un virus momentáneo», aceptándolo frente a «las insolvencias e incapacidades de los partidos nacionales para adaptarse a la realidad plural del país».

Pero esta normalización y aceptación de la fragmentación política que ha posibilitado las mayorías de izquierdas sí dice preocuparle, en realidad, a Ximo Puig cuando departe con inversores y analistas internacionales: lejos de normalizarla, cataloga esta atomización como uno de sus principales problemas: una presentación para inversores internacionales del departamento económico de la Generalitat, fechada de diciembre pasado y consultada por Economía Digital, ve la “incertidumbre política” y “la fragmentación parlamentaria” como una de las principales “debilidades” del territorio para captar inversiones.

Estas presentaciones están destinadas principalmente a posibles compradores de deuda pública o a grandes ‘players’ internacionales que planean hacer una inversión muy importante en el territorio, y quieren conocer los fundamentos públicos y privados de la región. Subrayar esta «debilidad» en un documento de estas características no es de importancia menor, pues es en las presentaciones ante inversores donde las administraciones exponen de forma esquemática, sin trampa ni cartón, los principales pros y contras del territorio para aquellas casas de inversión que desconocen las dinámicas políticas pero que no perdonarían en sus decisiones un discurso tan politizado como el que debemos sufrir los ciudadanos de a pie.

«Incertidumbre» por la financiación autonómica

Además de subrayar la fragmentación política como una de sus debilidades, la Generalitat valenciana advierte como otro elemento negativo los retrasos en la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, la principal reclamación económica de la autonomía, claramente infrafinanciada con el sistema actual. En la misma presentación a los inversores lamenta que existe «incertidumbre sobre el resultado final» de la reforma, y afea al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, el «anuncio de posponer la propuesta de reforma».

El cambio de modelo, pendiente desde 2014, volverá a ser pospuesto ya que, la propuesta realizada por el Gobierno ha cosechado básicamente un rechazo unánime entre los Gobiernos regionales, como avanza también Economía Digital.

Casi 16.000 millones de deuda en 2022 y 2023

En la presentación, la Generalitat valenciana hace también una descripción de su situación financiera, que sigue fuertemente dependiente de los fondos de financiación del Estado. Hasta el tercer trimestre de 2021, las obligaciones de la Generalitat alcanzaba los 52.300 millones de euros, de los que el 83% se encuentra en manos del Estado. Y ahí seguirá residiendo la principal fuente de recursos financieros, que alcanzarán prácticamente los 16.000 millones en los próximos dos años, apalancándose en 8.635 millones este ejercicio y otros 7.130 millones en 2023.