Europa da luz verde al catalizador de la sostenibilidad corporativa

La recién aprobada Directiva Europea de Información de Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD por sus siglas en inglés) busca acelerar la transformación del modelo económico para alcanzar los objetivos europeos de descarbonización, facilitando la comparación sobre cómo de sostenible es una empresa respecto a otra, convirtiendo la sostenibilidad en un elemento de competitividad.

Esta nueva norma será la gran catalizadora de los cambios que permitirán que la información corporativa de sostenibilidad de las empresas aumente su calidad, fiabilidad y estandarización, permitiendo al ámbito financiero e inversor acceder a la información con garantías suficientes y facilitando la estrategia europea de orientar el capital hacia la transformación.

La información divulgada por las empresas facilitará a su vez que otras partes interesadas, incluidos los consumidores, accedan a ella y la tengan en cuenta en la toma de sus decisiones, orientando el mercado hacia la sostenibilidad.

De este modo son los flujos de capital los que irán cambiando el modelo económico y la regulación la palanca empleada para conseguirlo, pero ¿qué novedades incluye la directiva y cuál será su impacto en las empresas?

La nueva norma permitirá que la información corporativa de sostenibilidad de las empresas aumente su calidad, fiabilidad y estandarización

En primer lugar, se propone extender el alcance de las empresas con obligación de reportar, modificando la directiva actualmente vigente e incorporando a todas las “grandes empresas”, es decir, a aquellas por encima de 250 trabajadores y con más de 40 millones de facturación. A partir de su entrada en vigor, la normativa europea se igualará en relación a su alcance con la española que ya impone la obligación a este perfil de empresas. Este cambio de alcance europeo se estima que pasará de obligar a unas 11.700 empresas -como era hasta el momento- a 50.000.

Las pymes, excepto las cotizadas, seguirán sin tener la obligación de emitir informes de sostenibilidad, aunque la directiva hace referencia a ellas estableciendo que “los Estados miembros deben considerar la posibilidad de introducir medidas para apoyar a las pymes en la aplicación de las normas simplificadas de presentación de información de carácter voluntario”. Este carácter voluntario trata de impulsar este tipo de análisis entre las pymes ya que el mercado provocará un efecto tractor desde las grandes compañías hacia las pequeñas, bien por tener la necesidad las primeras de cubrir la información de toda su cadena de valor, o porque se establezca una relación de financiación que requiera valorar los riesgos de la operación financiera.

También se incluyen importantes cambios respecto al contenido de los informes de sostenibilidad. Introduciendo, por un lado, nuevos requisitos respecto a la información con relación a su estrategia, objetivos, el papel del consejo de administración y la dirección, los principales efectos adversos de la sostenibilidad relacionados con la empresa, su cadena de valor, los activos intangibles y la forma en que han determinado la información que presentan. Además, las empresas deben divulgar información cualitativa y cuantitativa, prospectiva y retrospectiva, así́ como información que abarque horizontes temporales a corto, medio y largo plazo.

También se obliga a las empresas que tienen esta obligación de reportar a hacerlo de conformidad con los estándares europeos de informes de sostenibilidad (ESRS) que se están desarrollando. Estos estándares establecerán el modo en que debe presentarse esta información fijando unos mínimos europeos que todas las empresas deben cumplir en sus reportes de Estado de Información No Financiera (EINF).

Las pymes siguen sin tener la obligación de emitir informes de sostenibilidad, aunque la directiva señala que los Estados miembros deben considerar esta posibilidad

El objetivo de esta armonización es doble, por un lado permite a los grupos de interés contrastar el desempeño económico, social y medioambiental de unas empresas con otras verificando hasta qué punto las empresas están cumpliendo con los objetivos que se plantearon. Y por otro se asegura la contribución al Pacto Verde Europeo para cumplir las propias ambiciones de la UE, ya que los estándares establecen un mínimo de calidad en el contenido que cada empresa debe reportar.

Por último, es destacable que, hasta ahora, las empresas tan solo tenían la obligación de que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría comprobaran que se hubiese facilitado el EINF sin entrar en su contenido ni veracidad. Sin embargo, la nueva directiva introduce por primera vez el requisito de auditoría para los informes de sostenibilidad, una de las demandas de los inversores y otras partes interesadas.

Con ello se pretende igualar el nivel de garantía con la de los informes financieros, no obstante, el regulador ha optado por un enfoque progresivo en el que se exigirá una garantía «limitada», dejando abierta la posibilidad de que la Comisión adopte en el futuro normas para pasar a exigir una obligación de garantía “razonable”, lo que igualaría la información no financiera con la financiera.

El regulador está dosificando los cambios y marcando una serie de pasos progresivos que hagan digerible un cambio de modelo económico

Aunque las empresas pueden estar viviendo todas las iniciativas regulatorias en el ámbito de la sostenibilidad a ritmo vertiginoso, lo cierto es que el regulador está dosificando los cambios y marcando una serie de pasos progresivos que hagan digerible un cambio de modelo económico que ya se muestra imparable. La dimensión de los cambios y la complejidad de los mecanismos a poner en marcha para producirlos así como la urgencia de los objetivos a acometer, arroja una doble visión respecto a su velocidad. 

La CSRD, que el gobierno tendrá que trasponer a nuestra normativa nacional en el plazo de 18 meses, tendrá un despliegue progresivo de aquí a 2026, por lo que el tejido empresarial tendrá que prepararse para cumplir con fuertes exigencias que les afectarán en el futuro especialmente en dos ámbitos: sus procesos internos de gestión y su acceso a la financiación e inversión.

La velocidad y la complejidad son dos elementos difíciles de combinar. Las empresas que sean proactivas y no se queden en el mero cumplimiento regulatorio estarán preparadas de una manera que sus competidores difícilmente alcanzarán.