Nintendo gana en los tribunales al grupo Chipspain en su cruzada contra los juegos pirata
Las tiendas españolas comercializaban unos cartuchos para saltarse las medidas de seguridad implementadas en las consolas por el gigante japonés
La cruzada contra las copias piratas de videojuegos del gigante Nintendo ha sumado un éxito en los tribunales de lo Mercantil de Barcelona. La sala 8 de la partida judicial, liderada por Marta Cervera, ha decretado que las tiendas Chipspain infringieron los derechos de propiedad intelectual del gigante japonés al comercializar las denominadas tarjetas R4, unos cartuchos que permiten a las consolas operar con videojuegos pirata.
La filial española de Nintendo remarca que la resolución de la sala 8 de lo Mercantil de Barcelona, especializada en litigios sobre propiedad intelectual, es la primera que llega del ámbito civil y que sienta jurisprudencia. Por lo que esperan poder proteger a las videoconsolas que hay en el mercado de la implementación de dispositivos similares a las tarjetas R4 con el mismo fin.
Daños y perjuicios
Nintendo se apunta la victoria judicial en un comunicado que ha hecho público a los medios, pero pasa de puntillas por los daños y perjuicios que la juez Cervera ha decretado. Los propietarios de Chipspain deberán abonar casi 22.670 euros a la multinacional y a publicitar la sentencia.
El responsable de las tiendas de electrónica, José Garcia Fuster, se ha visto obligado a reconocer que la venta de las tarjetas R4 implica facilitar a los clientes a que se salten “las medidas de seguridad desarrolladas por Nintendo para que puedan jugar con copias pirata” y que ha actuado de forma “ilegal bajo la legislación española cuando son utilizados con el principal fin de vender copias pirata”.
Vía penal
El gigante japonés ha conseguido su victoria, finalmente, en los tribunales de lo mercantil. Anteriormente ya había intentado frenar la comercialización de chips que inutilizaban las medidas antijuegos pirata que han desarrollado e implementado en sus consolas más modernas, pero optaron por la vía penal. Su demanda no prosperó. Ahora, la compañía espera que cesen las ventas de los cartuchos en los comercios minoristas del país a raíz de la sentencia de Barcelona.
