Las TIC catalanas rehacen sus alianzas en la fase final del concurso de la Generalitat

La privatización de las telecomunicaciones de la Generalitat inicia su fase final. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) adjudicará en julio y por partes un contrato que globalmente suman unos 400 millones de euros. Concesiona casi todos los servicios TIC públicos entre seis y 10 años. Para no quedarse fuera, las 34 compañías o UTE que han llegado a esta parte del proceso revisan sus alianzas para reforzar en la presentación de la oferta final los dos elementos que pesarán más en la toma de decisiones: el ahorro de costes y la catalanidad de las iniciativas, según explican fuentes implicadas en el proceso a Economía Digital.

Los diálogos competitivos de aplicaciones e infraestructuras de procesamiento de datos (CPD) no se cerrarán hasta el viernes. La entidad dirigida por Carles Flamerich ya ha terminado las rondas de contactos con los ocho participantes en el diálogo de conectividad y telecomunicaciones, y con los ocho de aprovisionamiento y soporte de los sitios de trabajo.

Grandes compañías

Desde el entorno del político comentan que los diferentes encuentros han sido largos. Cada sesión de trabajo duraba entre seis y ocho horas y participaban 20 personas. Tal y como avanzó esta publicación, a finales de mayo Flamerich tendrá encima de la mesa las nuevas alianzas empresariales. Será la segunda criba del proceso de privatización, según informan los mismos interlocutores.

En las próximas semanas los técnicos del CTTI redactarán los pliegos de condiciones de cada ámbito “con las mejores soluciones aportadas por las empresas participantes”, informan desde la entidad pública. Las fuentes consultadas por ED insisten en que las cuatro grandes multinacionales que participan en el concurso acapararán buena parte de los contratos (Telefónica, HP, Indra y T-Systems).

Mejorar las debilidades

Llegados a este punto, las compañías analizan sus puntos débiles y cómo se pueden mejorar. Este es el caso de HP, por ejemplo, que insiste en las alianzas con socios locales para minimizar el efecto de responder a la Patriot Act. Una norma estadounidense en la que las empresas están obligadas a divulgar la información que está en sus manos, aunque implique a terceros, si la Casa Blanca se lo pide por una cuestión de seguridad nacional.

Las pymes locales son conscientes de sus potencialidades y juegan fuerte sus cartas, explican fuentes conocedoras del proceso. En este sentido, aseguran que al final casi ninguna compañía presentará una oferta sin sellar antes una joint-venture con capital local.