De memes y libertad de expresión ¿Los derechos de autor como coartada?

Aún pendiente de aprobarse, la polémica reforma europea de los derechos de autor es ya uno de los caballos de batalla para 2019 de las asociaciones de internautas en España, que advierten de que podría limitar el libre intercambio de contenidos y «perjudicar a todos» los usuarios, salvo a los grandes editores.

Internautas, creadores, emprendedores, «todos saldremos perdiendo» si avanza esta directiva, «excepto los grandes editores, los intermediarios de la gestión de derechos de autor y los autores consagrados», que sí ganarán, asegura el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías.

Aunque no es más que «una pequeña minoría» a quien representa este último grupo, sin duda es «muy influyente y cuenta con la complicidad de nuestros gobiernos y eurodiputados», lamenta el ingeniero Pérez Subías, responsable de esta organización.

Se trata de «una mala directiva» para los usuarios, porque hará que dispongamos de «muchos menos contenidos para publicar y de más dificultades para hacerlos y compartir los nuestros», según el experto.

«Los contenidos se bloquearán preventivamente», alertan los expertos

Además, continúa, «en muchas ocasiones serán bloqueados preventivamente los contenidos por los algoritmos de las tecnológicas sin que se haya violado ningún derecho de propiedad».

Tampoco beneficia a los creadores «porque verán cómo muchos de sus contenidos desaparecen o no son publicados, simplemente porque alguien ponga una queja ante una plataforma y ésta de forma preventiva proceda a su retirada».

De hecho, advierte, «estos perderán muchas oportunidades de compartir contenidos» de los que disponen ahora, perjudicando proyectos innovadores emergentes.

Por último, será malo asimismo para la competencia y el emprendimiento, ya que «solo las grandes plataformas podrán llegar a acuerdos con los gestores de derechos y dispondrán de presupuestos para desarrollar algoritmos de calidad».

Los artículos más polémicos son el 3, 11 y 13

La nueva directiva se encuentra en fase de los trílogos, unas negociaciones a puerta cerrada entre el Parlamento y la Comisión Europea cuyas conclusiones se someterán a votación del Parlamento Europeo previsiblemente en el primer trimestre de 2019.

El texto de la directiva, entre cuyos artículos más polémicos están el 3, 11 y 13, responsabiliza a las plataformas tecnológicas por las infracciones sobre derechos de autor que puedan cometer sus usuarios al publicar contenidos y les obliga a pagar por enlazar a noticias para compensar a los editores.

De acuerdo al último texto aprobado por el Parlamento Europeo, no se podrá enlazar libremente a noticias ni tampoco los usuarios verán publicados memes o contenidos con imágenes sujetas a derechos de autor, ni remezclas musicales hechas por ellos si alguna pieza está protegida intelectualmente y las plataformas no pagan por ello, advierte el presidente de la Asociación de Internautas.

Dado que la normativa plantea el filtrado de contenidos por parte de las plataformas para su supervisión, estas prohibirán automáticamente todos aquellas posibles publicaciones sobre las que tengan dudas sobre si infringen o no derechos de autor, advierte por su parte el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.

La medida es tan desacertada como lo sería exigir legalmente a los fabricantes de automóviles responsabilidades por el tipo de conducción de sus clientes e incluso multarlos por no respetar las normas de tráfico, según el símil con el que sus detractores tratan de ilustrar lo que el texto implica.

Los usuarios españoles creen que la responsabilidad es del autor

En España la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), formada por juristas, periodistas y activistas, ha impulsado una campaña para frenar la aprobación de esta nueva directiva europea de derechos de autor.

Según un estudio encargado por la PDLI a la empresa independiente GAD3, la población española dice que la responsabilidad sobre los contenidos de Internet debe recaer en quien los sube en las redes, es decir, en los usuarios, y no en las plataformas.

Según los datos, el 70% de españoles opina que las plataformas recurrirán al borrado masivo de contenidos si se les obliga a revisarlos, y un porcentaje similar cree que los políticos usan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión.