Trump fiscaliza los subsidios sociales a través de Facebook y Twitter
El Gobierno de EEUU prepara una propuesta para detectar fraude vigilando en las redes sociales a los beneficiarios de subsidios por discapacidad
Pongamos que un ciudadano estadounidense con discapacidad motriz en una extremidad inferior (digamos que en la pierna derecha) publica en su perfil de Facebook una fotografía de un partido amistoso de fútbol con sus vecinos. Este contenido podría costarle el subsidio por discapacidad o dependencia, si el Gobierno de Donald Trump finalmente consigue lo que se propone.
En un esfuerzo para acabar con el fraude a la Seguridad Social, la Casa Blanca propone utilizar las plataformas de las redes sociales como Twitter o Facebook (y sus subsidiarias, como Instagram) para fiscalizar los subsidios e investigar a los sospechosos de recibir beneficios que no les corresponden. Las autoridades redactan la propuesta para que el Congreso la apruebe.
Más de 10 millones de personas reciben subsidios por capacidades físicas limitadas en EEUU, lo que mensualmente arroja una factura de 11.000 millones de dólares. Ante esta cifra, se espera que Trump –que presentará su proyecto presupuestario para 2020 el próximo lunes– active medidas severas para combatir el fraude a la Seguridad Social, y que internet sea una de sus bazas.
Las redes sociales no aportan evidencias fiables
The New York Times cita a fuentes gubernamentales anónimas para confirmar que el Gobierno de Trump tiene un proyecto para investigar el contenido en las redes sociales de los beneficiarios de subsidios y definir, si es el caso, cuándo se da la posibilidad de que un ciudadano está engañando a la Seguridad Social acusando una discapacidad presuntamente inexistente.
Los dos presupuestos anteriores del Ejecutivo de Trump ya han propuesto significativas reducciones en el programa de seguro de discapacidad, y el director de presupuestos de la Casa Blanca afirmó en 2017 que el programa es «el que más rápido crece» y es «muy inútil», y apuntó que el Gobierno quiere darse a la tarea de «intentar solucionar ese problema».
Actualmente, los examinadores de discapacidad no espían rutinariamente las redes sociales de los beneficiarios, pero pueden referir los casos sospechosos al inspector general de la Seguridad Social, que puede recoger información en plataformas como Facebook o Twitter para corroborar las acusaciones de fraude.
El problema de convertir esta práctica en estándar es que el uso de las redes sociales para detectar fraude es peligroso, en el tanto las imágenes, vídeos y mensajes publicados en estas plataformas no siempre aportan información confiable sobre la condición actual de una persona, defienden los grupos de derechos de discapacitados.
«Es difícil saber cuándo fue tomada una fotografía. Solo porque alguien compartió una imagen en un juego de golf o en un paseo de pesca en febrero de 2019 no significa que la actividad ocurrió en 2019», dijo la presidenta del Consorcio para Ciudadanos con Discapacidades, Lisa D. Ekman.
