Andalucía y Castilla La-Mancha se suman a Canarias y acuden al Supremo para confinar sus municipios

Una semana después de que se agotara definitivamente el estado de alarma, las comunidades siguen acudiendo con cuentagotas al Tribunal Supremo con el objetivo de activar medidas sanitarias excepcionales, como el cierre perimetral de los municipios más golpeados por la pandemia. Al recurso de urgencia presentado por el Gobierno de Canarias se han sumado también las apelaciones de Castilla La Mancha y Andalucía, que aspiran a contar con más armas para limitar la movilidad.

Castilla La Mancha ha sido la última región en tomar este camino, después de que el Tribunal Superior de Justicia de su autonomía haya tumbado el plan de restricciones planteado por el Ejecutivo de Emiliano García-Page. El objetivo de la maniobra judicial es facilitar el confinamiento perimetral de Quintanar del Rey, un municipio de poco más de 7.500 habitantes de la provincia de Cuenca que ha sufrido un importante rebrote.

Los tribunales autonómicos se han negado a permitir el establecimiento de medidas para controlar las entradas y salidas de la localidad o a establecer un toque de queda a partir de las 00.00 horas, al considerar que se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La incidencia acumulada al cierre de la semana pasada superaba en los 687 casos por cada 100.000 habitantes en el municipio. Es casi tres veces el nivel de riesgo extremo establecido por el Ministerio de Sanidad.

La negativa judicial ha abocado al presidente autonómico a acudir al Alto Tribunal con el objetivo de darle la vuelta a la decisión y poder activar un plan de choque en la región que impida que la Covid-19 se expanda más allá del municipio. «Nos han echado para atrás unas medidas de protección de un derecho fundamental que es la vida», ha lamentado Page.

Andalucía reclama al Supremo el cierre de Montefrío

Es una situación idéntica a la que ha planteado la Junta de Andalucía al Tribunal Supremo para poder decretar el cierre perimetral del municipio de Montefrío, en la provincia de Granada, que cuenta también con poco más de 5.000 residentes. La localidad llegó a superar la semana pasada la incidencia de 2.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

Los jueces autonómicos han tumbado hasta en dos ocasiones este confinamiento porque consideran que también entra en contradicción con los artículos recogidos en la Constitución de 1978. Desde el Gobierno andaluz se apunta a que no se trata de una suspensión de los derechos fundamentales, sino únicamente una limitación temporal para hacer frente a la pandemia.

La falta de un aval judicial ha llevado al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla a presentar también el recurso al Alto Tribunal, acompañado de una serie de informes técnicos que justifican la limitación de las entradas y las salidas de los habitantes en el municipio para evitar la propagación de la Covid-19.

Andalucía vive una situación paradójica porque el Tribunal Superior de Justicia sí que ha dado su visto bueno al confinamiento de otros municipios de la comunidad autónoma como Bornos, Villamartín y Castro del Río.

Canarias espera la decisión del Supremo sobre las restricciones en las islas

La otra comunidad autónoma a la espera de un aval judicial para imponer restricciones es Canarias que abrió la veda de recursos. El Gobierno de Ángel Víctor Torres ya presentó su protesta formalmente al inicio de la semana. Su objetivo es contar con armas jurídicas en caso de que sea necesario restringir las entradas y salidas en alguna de las islas del archipiélago.

Esta situación sí que es algo diferente, ya que Canarias contemplaba esta medida excepcional cuando alguno de los territorios entrase en un nivel de alerta tres por el coronavirus, un escenario actualmente no se da. Pero quieren contar con las herramientas suficientes por si fuera imprescindible a medio plazo.

El Ejecutivo canario utilizó el mecanismo que el propio Consejo de Ministros puso sobre la mesa antes de suspender el estado de alarma para dar una última bala a las comunidades. El real decreto aprobado justo en la semana previa al 9 de mayo facultaba a las autonomías a utilizar este recurso de casación de urgencia, lo que forzará al Supremo a sentar jurisprudencia en un plazo corto de tiempo. Previsiblemente, se acordará esta misma semana.

Sobre la mesa se encontrará con los informes presentados por cada una de las regiones y las directrices de las fiscalías autonómicas que también se han mostrado contradictorias en los últimos días. La Fiscalía General del Estado no ofrecerá un veredicto general, aunque ya ha anticipado su rechazo general a los confinamientos autonómicos y los toques de queda. Sí que ven con buenos ojos las limitaciones de movilidad en municipios concretos.