Yolanda Díaz subleva al Tribunal de Cuentas
Las críticas de la vicepresidenta segunda cuestionando la independencia del órgano incendian a los consejeros, que piden al Ejecutivo que pacte ya su renovación
El Gobierno vuelve a cuestionar la independencia del Tribunal de Cuentas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra Margarita Mariscal, una de las consejeras de este órgano que antes fue ministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar.
Díaz deslizó que al fiscalizador le compete investigar la presunta responsabilidad contable de los líderes del procés y ex altos cargos de la Generalitat y la vicepresidenta considera «preocupante» que el pasado en el PP de Mariscal pueda influir en sus trabajos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno fue más allá señalando que el Tribunal de Cuentas forma parte de «la vieja política» y aseguró que «la ciudadanía no quiere» que sea así.
Insistió en que estos órganos «deben estar al servicio de la gente y no de los intereses particulares de algunos». Y matizó que es algo que se observa «evidente» en el caso del PP, a los que acusó de tener «secuestrado» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Unos comentarios que ha vuelto a caer como una losa en el Tribunal de Cuentas que, precisamente, este viernes caduca su mandato sin visos de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para su renovación.
Desde el tribunal apremian al Gobierno a buscar un acuerdo para renovar los órganos constitucionales, en lugar de poner en cuestión la independencia judicial.
Sánchez también criticó a la consejera
De hecho, las críticas de Díaz no han sido las únicas por parte del Ejecutivo desde que estalló en los medios que el órgano fiscalizador se encargaría de investigar el gasto en el exterior de los 34 ex altos cargos del Govern.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también criticó a Mariscal tildando de «anacronismo» que la «exministra de Aznar» esté presente en las causas contra los líderes del procés al formar parte del Tribunal de Cuentas. Y volvió a criticar al líder de la oposición por «bloquear» su renovación.
Cabe recordar que las palabras del jefe del Estado hirieron al tribunal, quien mediante un comunicado defendió su independencia.
«Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución. El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes», respondieron.
Mandato caducado
El Tribunal de Cuentas ha pasado a engrosar la lista de instituciones pendientes de renovación y de la que ya forman parte el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo.
Su renovación, como la del resto de órganos, permanece pendiente a que haya un pacto entre PP y el PSOE que, según parece, nunca llega.
Fuentes del Partido Popular señalan a ED que «ahora menos que nunca» cuando desde el independentismo se ha puesto en la picota al Tribunal de Cuentas por sus actuaciones a la hora de reclamar la fianza de 5,4 millones impuesta por posible malversación de caudales públicos para promocionar el procés.
«El Gobierno se ha posicionado de parte del separatismo planteando dudas sobre la independencia de los tribunales», señalan fuentes populares. A esto también se suma que composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP y los populares aún dominan buena parte de ellas.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, emplazó esta semana a los populares a volver a sentarse a la mesa de negociación en septiembre. El dirigente socialista mantendrá también estos primeros contactos con los portavoces del Congreso por orden de mayor a menor representación parlamentaria.
Sánchez ya ha dejado claro que no va a recuperar la reforma que pretendía cambiar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero pide al líder del PP, Pablo Casado, que reflexione para levantar un bloqueo que debilita a las instituciones.
Precisamente, esa es la premisa principal que los populares reclaman a los socialistas para moverse en las negociaciones y facilitar la renovación. Todo apunta a que ambos partidos llegarán a la mesa de septiembre sin ningún punto de encuentro y en el Gobierno difícilmente podrán colocar a los suyos si, según la Constitución, el Tribunal se renueva por tercios. Y la mitad del tercio previsto en 2022 correspondería al Poder Judicial.