Díaz y Montero se enfrentan por la negociación de los Presupuestos

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se enquista sin tener ni siquiera el borrador aprobado. El documento no avanza en lo que a la reforma fiscal se refiere.

Según ha podido saber Economía Digital, los socialistas se dan dos semanas para pactar con Podemos y llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros la primera semana de octubre, como fecha tope. Sin embargo, los morados desvelan que existen «diferencias importantes» como para mantener esa fecha de aprobación.

Yolanda Díaz, cabeza visible de Podemos en el Gobierno, exige fijar el impuesto de sociedades en un 15% y una subida del IRPF a las rentas altas con efectos inmediatos.

La vicepresidenta morada ha dado orden a los suyos de «no echarse atrás» en la subida de impuestos a las rentas altas y en todas aquellas medidas que se encuentren en el pacto del Gobierno de coalición y que los socialistas todavía no hayan cumplido, como la regulación del precio de los alquileres.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca ganar tiempo. La promesa que la parte socialista del gobierno habría hecho a las grandes empresas es no subir los impuestos este año, sino «progresivamente» durante los dos próximos años, según ha podido saber Economía Digital.

De ahí que la ministra de Hacienda sea tajante y no quiera adelantarse, además, a las conclusiones del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, cuya reunión está prevista para finales del mes de febrero. Una cita que podría servir de excusa para evitar las propuestas de los socios de gobierno, si los profesionales así lo consideran.

El trabajo de los expertos

Estos diecisiete académicos, expertos en las áreas de derecho financiero y tributario, hacienda pública y economía aplicada tienen asignado un doble objetivo: en primer lugar, obtener un análisis del sistema tributario y de los restantes ingresos públicos, teniendo en cuenta la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema y, por supuesto, las tendencias internacionales, adecuándolas a nuestro modelo autonómico.

En segundo lugar, realizar un análisis técnico con especial atención a la fiscalidad medioambiental, la imposición corporativa y la tributación de la economía digitalizada, la imposición patrimonial y lo que denomina la fiscalidad de las actividades económicas emergentes.

Estos profesionales también podrán señalar al Ejecutivo ante las propuestas que, PSOE y Podemos, planteen como nuevos o experimentales impuestos especiales que puedan incidir negativamente en el desarrollo de determinadas actividades económicas y generar daños reputacionales.

No se sabrán, por tanto, hasta finales de febrero las conclusiones alcanzadas para verificar si la subida que promueven los morados es adecuada para mantener la economía española a flote tras la importante crisis producida por la pandemia.

Al planteamiento de la ministra de Hacienda para acallar a Podemos se une la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha insistido en varias ocasiones en que la subida de impuestos se abordará en cuanto se haya recuperado la economía, en un claro guiño también a los empresarios que así se lo han pedido.

Ambas tratan de frenar a los morados con las conclusiones del comité de expertos para que el grueso de la reforma no entre en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación. 

La parte de Podemos señala que «eso es esperar demasiado» y presiona a los socialistas para que se aplique la subida sin demora. Según ha podido saber Economía Digital, los morados harán pública la necesidad de abordar ya la reforma para ganarse el favor de los socios de investidura.

Tras varias reuniones entre los equipos de uno y otro lado, el acuerdo sigue lejos. Aun así, y a pesar de las diferencias, en La Moncloa dan por seguro que este año los Presupuestos «estarán en tiempo y forma».