El futuro de Puigdemont: sigue suspendido pero puede ser candidato
Aclaramos en qué situación queda a todos los efectos el expresidente catalán tras la renuncia de Llarena a aceptar su extradición solo por malversación
La renuncia del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a aceptar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont solo por el delito de malversación de caudales públicos, tras la decisión de la justicia alemana de no extraditarlo por el de rebelión, abre un nuevo escenario en esta etapa del conflicto entre la Generalitat y la mayoría independentista del Parlament, por un lado, y el gobierno central y el poder judicial, por otro.
Los primeros celebraron este jueves como una victoria rotunda el desestimiento de Llarena, e interpretaron el fracaso de su estrategia para traer a los líderes independentistas huídos de vuelta a España como una enmienda a la totalidad de la causa judicial. Pero, más allá de su percusión en la batalla por el relato, ¿cuáles son las consecuencias tangibles, prácticas, del cierre de la puerta de la extradición? Aquí tratamos de poner los puntos (uno a uno) sobre las íes.
¿Por qué renuncia Llarena a la euroorden?
Porque, de aceptar que Puigdemont fuera extraditado a España solo por malversación, solo podría juzgarlo por ese delito. En su auto, Llarena considera que las extralimitaciones en las que entiende que ha incurrido el tribunal regional alemán que ha rechazado la entrega por rebelión “deterioran indebidamente” su instrucción y los indicios de responsabilidad penal recogidos en la investigación y también en el auto de procesamiento, que ya es firme.
Pero, además, juzgarlo solo por malversación generaría la paradoja de que, a diferencia de los demás, el líder de la supuesta rebelión que Llarena imputa a 13 de los procesados no sería juzgado por ese delito, que conlleva penas de hasta 25 años de cárcel, sino por uno menor, en que la condena puede oscilar entre los 4 y los 8 años.
¿La renuncia de Llarena es definitiva?
Sí, porque el juez ha descartado jugar su última carta: la de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el intérprete último de la legislación europea. El juez esgrime para ello unas conclusiones emitidas por el Abogado General del TJUE el pasado mes de mayo, según las cuales, el Supremo no podría recurrir a este organismo salvo a título consultivo, en tanto que emisor de la euroorden.
Según Llarena, quien tendría que haber elevado el asunto al alto tribunal europeo, antes de dar portazo a la entrega por rebelión, era la propia justicia alemana.
Por su parte, la defensa de Puigdemont había anunciado que recurriría al Tribunal Constitucional federal de Alemania la entrega por malversación, y si se hubiera dado el caso, en el marco de ese procedimiento la fiscalía alemana podría haber solicitado plantear al cuestión al TJUE.
Pero, ante la capitulación del juez instructor del Supremo, el recurso ya no ha lugar. Lo dejó claro este mismo jueves uno de los abogados del expresident, Jaume Alonso-Cuevillas. “Pues parece que se nos ha quedado un verano inmejorable. Y que, además, por fin podré hacer vacaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.
Doncs sembla que se’ns ha quedat un estiu inmillorable
I que, a més, podré per fi fer vacances
— J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 19 de julio de 2018
¿Dónde se instalará Puigdemont?
La versión oficial, la que transmitió el presidente de la Generalitat en una comparecencia este mismo jueves, es que todavía lo está valorando con sus abogados. Pero hace meses que la intención, tanto el del expresident como el del gobierno de la Generalitat, es que Puigdemont vuelva a Bélgica, donde se instaló inicialmente tras su huída y donde Llarena ya retiró una primera euroorden contra él porque la legislación penal belga no cuenta con ningún delito equivalente al de rebelión, con lo que era probable que tampoco allí aceptaran extraditarlo por esa razón.
En Bélgica, además, se reencontraría con los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, para coordinar junto a ellos el llamado Consejo de la República o «espacio libre europeo», una especie de gobierno en la sombra, con sede en la casa que se alquiló para Puigdemont en Waterloo, que, según los planes del ejecutivo de Torra, asumiría la función de seguir coordinando la estrategia internacional de difusión de la causa independentista. No en vano, Serret ha sido nombrada delegada de la Generalitat ante la sede de la Unión Europea, en Bruselas.
¿Cuál es su situación legal?
A efectos judiciales, sigue siendo la misma: Puigdemont sigue procesado por rebelión (además de malversación) junto con los nueve líderes independentistas encarcelados y con tres de los expatriados: Comín; la exconsellera Clara Ponsatí, afincada en Escocia, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, instalada en Suiza.
El Tribunal Supremo tiene ahora dos opciones de cara al inicio del juicio, previsto para finales de este año o inicios del que viene: abrir una pieza separada y reservar el juicio contra el expresident para cuando pueda, si es que puede algún día, echarle el guante, o juzgarle en ausencia. En ese caso, y tras una eventual sentencia condenatoria, podría volver a cursarse una euroorden contra él, esta vez con el fin de proceder al cumplimiento de la condena, según establece el artículo 37 de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.
Mientras tanto, Puigdemont es libre a todos los efectos, y ya no tiene que cumplir ninguna medida cautelar en Alemania. Pero en cualquier otro país, Llarena podría cursar una nueva orden y reiniciar el proceso. Si pusiera un pie en España, podría ser detenido inmediatamente, hasta que prescriba el delito que se le imputa, cuya vigencia es de 20 años.
¿Afecta la renuncia de Llarena a la extradición a los otros encausados?
Desde el anuncio, la semana pasada, de que el tribunal alemán no extraditaría a Puigdemont por rebelion, tanto las defensas de los encausados como la Generalitat y los partidos independentistas han insistido en tratar la decisión como una enmienda a la totalidad de la causa. Y tras la renuncia de Llarena, han redoblado la intensidad del discurso.
Pero eso solo cuenta a efectos de relato. Es decir, por supuesto que los reveses encajados por el juez instructor en Bélgica o Alemania serán usados como argumento por las defensas en el juicio. Pero el mantenimiento de la acusación por rebelión corresponde a la fiscalía, que este mismo jueves ha vuelto a descartar pedir la excarcelación de los nueve procesadosen prisión preventiva. Y, más allá de la fiscalía, la sentencia la dictará el Tribunal Supremo.
¿Sigue suspendido Puigdemont como diputado?
Sí. Junts per Catalunya (JpC) entiende que el rechazo alemán a la entrega por rebelión equivale a que el delito cae y que, en consecuencia, debería caer también la suspensión como diputado dictada por Llarena contra Puigdemont, porque la ley de enjuiciamiento criminal solo la prevé para ese supuesto penal, no para el de malversación. Pero, de nuevo, eso solo forma parte de un argumentario. A efectos legales, no es así. El expresidente catalán sigue procesado por rebelión en España a todos los efectos, y por tanto, su suspensión seguirá vigente.
¿Puede presentarse a las próximas elecciones?
Si finalmente Quim Torra decidiera convocar elecciones anticipadas, sí, Puigdemont podría presentarse, e incluso encabezar la candidatura. El artículo 6.2 de la ley electoral solo establece que son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena de prisión mientras dure la misma o bien los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado y siempre que la condena conlleve pena de inhabilitación o de suspensión.
Pero ninguno de esos es el caso del expresident. Puigdemont está suspendido, pero solo en tanto que ya se ha dictado su procesamiento, y aún no ha sido juzgado. Otra cosa es que, de mantenerse la suspensión, si fuera elegido, en la nueva legislatura seguiría sin poder ejercer ni cobrar como diputado.
¿Qué pasa con los exconsejeros en el extranjero?
Lo que vale para Puigdemont vale también para los exconsellers Comín, Puig, Serret y Ponsatí, y también para Marta Rovira. Llarena ha retirado las órdenes de entrega cursadas contra todos ellos, que a todos los efectos están en libertad en los países en los que ahora residen, y siguen procesados en España por los delitos que en su momento les imputó el juez instructor.
