Puig y Moreno piden 1.700M a Sánchez hasta la reforma de la financiación

Andalucía y la Comunitat Valencia reclaman al Gobierno de España un fondo transitorio de compensación de 1.700 millones de euros mientras se resuelve el nuevo modelo de financiación.

Este es uno de los grandes titulares que arroja el primer encuentro entre Juanma Moreno y Ximo Puig en el marco de una alianza común que “no busca ir contra nadie, no venimos a dividir, sino a hacer más fuerte y cohesionado el país”, han insistido ambos líderes autonómicos cuyos territorios, han recordado, representan un 30% de la población de toda España y son, han defendido, la tercera y cuarta economía del país.  

El modelo que defiende el eje Valencia-Sevilla persigue, grosso modo, que el reparto se haga en función de la población beneficiaria de los servicios fundamentales que son competencia autonómica, principalmente la educación, sanidad y servicios sociales. 

“Necesitamos un tapón para esta hemorragia”, ha subrayado en repetidas ocasiones a lo largo de su comparecencia el presidente andaluz, que ha recordado que con el actual sistema de reparto autonómico, caducado desde 2014, Andalucía deja recibir 4 millones de euros diarios, lo que se traduce que cada andaluz recibe al día 110 euros menos que la media nacional y en el caso de Valencia la cifra llega a los 200 euros al día de menoscabo.  

Este fondo transitorio de compensación “no sería en menoscabo del actual sistema” sin embargo, y pese a la insistencia de las preguntas de la prensa, no hubo una concreción de la procedencia de este fondo temporal sino que se ha emplazado al diálogo con el Gobierno y a los próximos pasos dados entre ambos Ejecutivos para el aterizaje de su diseño.  

En una declaración institucional común, facilitada a los medios, ambos ejecutivos han trasladado que son “partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el escenario de modernización de nuestra estructura fiscal y especialmente en materia de imposición medioambiental”. 

Si bien este punto concreto se ha interpretado en un primer momento como la creación de nuevos tributos el ámbito de la preservación medioambiental de los territorios, los líderes de Andalucía y Valencia ha rechazada de plano que esta corrección en los desajustes territoriales de financiación implique una subida de impuestos; en su lugar, hablaron de una “adaptación de los actuales tributos”.  

Mucho más que una fotografía institucional 

Lo cierto es que este encuentro podía haberse convertido en una fotografía institucional más entre dos barones autonómicos de peso en el mapa nacional sin embargo, la reunión de hoy en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, entre estos dos presidentes de distinto signo político, tanto en el tono, las formas, como en los mensajes trasladados, ha servido para escenificar una nueva forma de hacer política: aquella que deja las diferencias partidistas a un lado y se alía, o al menos busca entenderse, en favor de un mismo objetivo, en este caso incluir en la agenda nacional un cambio en el modelo de financiación autonómica.  

Es por eso que la reunión se interpreta también como un golpe en la mesa de estas dos comunidades periféricas que, avisan, en su reclamación no están solas pues ya cuentan con la complicidad del Gobierno de la Región de Murcia -Moreno anunció que la próxima semana se verá con López Miras- y del de Castilla-La Mancha.

Con los datos en la mano, son las cuatro comunidades más perjudicadas en el reparto autonómico del total de 15 regiones que se acogen al modelo de financiación común.  

“Como territorios periféricos situadas lejos de los habituales centros de decisiones, aportamos un ángulo diferente sobre los problemas y, en concreto, sobre la financiación”, ha defendido Moreno Bonilla. 

No en vano, esta alianza, que según han avanzado explorará nuevos ámbitos de colaboración al margen del financiero, ya ha provocado una reacción inmediata por parte del Gobierno de España ya que ayer, apenas doce horas antes de esta reunión, la vicepresidenta económica Nadia Calviño anunció, tras su reunión con el presidente andaluz, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabajar en un nuevo esquema de trabajo, un nuevo borrador, para presentarlo el próximo noviembre.  

“España necesita más conversación”, parafraseó Ximo Puig a Salvador de Madariaga. “Hoy queda de una manera clara que tanto Andalucía como Valencia dan paso juntos y esta reunión en el día de hoy va a provocar una reacción, ya va a precipitar una reacción de atender el problema que nosotros tenemos”, razonó Moreno Bonilla.  

Sobre si esta reunión mandaba un mensaje a sus respectivos líderes políticos, cuyo diálogo a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está absolutamente bloqueado, Puig ha insistido en que su posición no es la de “dar lecciones y consejos” sino actuar “con responsabilidad”. “No hacer nada y bajar los brazos no es una opción porque eso menoscaba nuestras posibilidades de competitividad y progreso”, ha pronunciado a su lado Moreno Bonilla. 

Infrafinanciación para servicios clave en el Estado del Bienestar 

La gran responsabilidad de las comunidades autónomas son los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), razón por la que los líderes andaluz y valencianos han reclamado, en la comparecencia de hoy, “un nuevo modelo de financiación que corrija el sistema para que tenga en cuenta como criterio principal de reparto a las personas beneficiarias de los servicios públicos fundamentales”. 

En este sentido, el argumento es que “Andalucía y Comunitat Valenciana ha presentado históricamente un gasto público por habitante inferior a la media de las comunidades autónomas de régimen común (y mucho más a las del régimen foral)”. El el discurso de los presidentes reunidos ayer en Sevilla es que en los últimos años ambas comunidades se han esforzado “por converger a la media de las comunidades autónomas”.  

La priorización de estos servicios públicos fundamentales junto con la falta de ingresos y el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal han provocado “un sacrificio en términos de políticas de desarrollo regional y de generación de déficit estructural”.  

Un reparto por población: el clamor del eje Valencia-Andalucía 

Andalucía es la tercera comunidad española peor tratada por el sistema de financiación autonómica, junto con Valencia y Murcia, con un índice sobre población ajustada de 95,6 sobre cien frente a los 116,9 de la mejor financiada (Cantabria), y, además, es una de las que más ha retrocedido -3,8 puntos- desde el sistema de 2002 al vigente desde 2009. 

Esta es una de las conclusiones que se extraen del último informe sobre La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019«, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que actualiza las series de financiación homogénea de las comunidades autónomas de régimen común. 

Según las cifras de FEDEA -referidas a 2019- Cantabria es la comunidad con una mayor financiación por habitante ajustado, ya que alcanza un índice de 116,9 (sobre el promedio 100), seguida de Canarias (114,5) y La Rioja (113,0). Les siguen Baleares (110,0), Extremadura (108,6), Castilla y León (103,6), Madrid (101,2), Cataluña (100,9), Asturias y Aragón (100,3 en ambos casos), Galicia (100,2) 
Por debajo del índice 100 solo hay cuatro comunidades: Castilla-La Mancha (96,8) Andalucía (95,6), Murcia (92,5) y la Comunidad Valenciana (92,1). 

Cabe recordar que en Andalucía, el Parlamento ya aprobó en marzo de 2018 en la anterior legislatura, con María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, como consejera del ramo un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica que defendía modificar el modelo vigente.