La vuelta de Puigdemont divide al Gobierno y al independentismo
El Gobierno dilata la inmunidad de Puigdemont al personarse ante el TJUE, mientras reforma el delito de sedición que rebajará la pena del ex president.
El Gobierno pasa de pantalla. Como si de un videojuego se tratase, una vez solventados los indultos ahora toca solucionar la posible vuelta de los ‘fugados del procés’ como el ex presidente Carles Puigdemont. Un punto conflictivo que el independentismo expondrá en la mesa de diálogo a Pedro Sánchez.
Los indultos a los nueve condenados que permanecían en prisión por el 1-O no han solucionado la papeleta de los ‘fugados’ como Puigdemont, los eurodiputados, Clara Ponsatí y Toni Comín, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira; y, la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel. La figura del ex president está siendo motivo de discrepancias y ya divide al Gobierno y también al nacionalismo.
Unidas Podemos busca que Puigdemont y el resto de ex dirigentes huidos de la Justicia regresen a España, como si aquí no hubiera pasado nada, para realizar otro gesto más de concordia y convivencia que tanto castiga al constitucionalismo.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, lo tiene claro: «Creo que esa salida de España tiene que ver con el propio proceso de judicialización, es una derivada, y acabar con este proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar». La dirigente morada señala que hay que terminar con la «judicialización» para que los prófugos de la justicia puedan regresar tranquilamente a España.
Rebajar el delito de sedición
Sin embargo, en el PSOE no lo ven así. Que regrese sí, pero que también se presente ante la Justicia y que cumpla su pena si ésta lo estima oportuno, consideran. De ahí la contestación que dio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Belarra ante los medios de comunicación: «el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado«.
El interés del Gobierno es que Puigdemont «responda ante la justicia frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca respondió ante los tribunales«, corrigió la ministra portavoz a su socia de gobierno.
Cabe recordar que el propio Pedro Sánchez se comprometió en campaña a «traer de vuelta a España» al ex presidente para que rinda cuentas ante la Justicia.
Es aquí donde los socialistas abren una vía para rebajar la pena de Puigdemont, que ahora mismo se podría enfrentar a 12 años de cárcel si sólo se le juzga por el delito de malversación. Fuentes del Gobierno explican que «su situación es más compleja», ya que está procesado por sedición y malversación y pesa sobre él una orden de detención en España emitida por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, con la reforma del Código Penal que sigue elaborando el Gobierno, Puigdemont y los ex consejeros con causas pendientes podrían ver rebajadas sus condenas por la modificación del delito de sedición. En ese caso, serían juzgados en diferentes circunstancias que sus ex compañeros del Govern y afrontarían una menor petición de condena.
Preguntado por los medios sobre si la reforma de la sedición afectaría a Puigdemont, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que ésta «valdría para todos los casos presentes o futuros». Incluso, si tuviese «retroactividad», los casos a los que afectaría tendrían que ser revisados «por el tribunal sentenciador». Unas declaraciones que desde el PP son tachadas «de un traje a la medida de los presos fugados».
De hecho y desde Podemos, ya presumen que esta línea de trabajo es conocida como la «vía Asens», en referencia al diputado de Podemos, Jaume Asens, que habría redactado la propuesta que lleva meses en manos del ministro de Justicia.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirman a ED que se sigue trabajando en ello, aunque siguen sin adelantar cuándo llevará el Gobierno la modificación a la mesa del Consejo de Ministros.
Desde la oposición consideran que «no se va a aprobar sin que Sánchez hable con el independentismo» e insisten en que «a eso se está esperando». Una teoría que podría encajar, ya que la solución que propone el Gobierno no gusta en el independentismo.
Junts presiona a ERC con la vuelta de Puigdemont
El partido de Puigdemont presiona estos días a los republicanos. Su ‘no’ a los indultos viene dado porque no ofrece una solución para «todos» y en este ‘todos’ también incluyen a los ex consejeros que residen fuera de España. La rebaja de la pena de sedición es «insuficiente», según Junts, y será uno de los primeros puntos a tratar en la mesa de diálogo.
«Es evidente que los indultos solo afectarían a nuestros compañeros que están injustamente encarcelados. Nuestro retorno a Cataluña es un retorno como personas libres y esta libertad hasta ahora nos la hemos ganado no con el Estado español, nos la hemos ganado en los tribunales europeos», dijo Puigdemont unos días antes de que el Gobierno concediese este martes los indultos.
El ex president condiciona su regreso a que el Gobierno respete su «inmunidad» y es lo que Junts insiste a su socio de ERC. Los ‘junteros’ animan a los republicanos a ser «más duros» para permitir el regreso de los ex consejeros sin pasar por prisión. Una tarea extremadamente complicada por ambos frentes.
La jugada del Gobierno
Por lo pronto y como si de una maniobra inesperada se tratase, el Gobierno ha dado esta semana un balón de oxígeno al ex president en Bruselas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha personado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo (TJUE) por la reciente resolución que devolvió cautelarmente la inmunidad a los tres europarlamentarios, Puigdemont, Ponsatí y Comín.
Las fuentes consultadas desconocen la intención del Gobierno español, ya que personándose «dilata el proceso», aseguran, y, por lo tanto, dilatan la inmunidad provisional del ex president. Una jugada que podría ser maestra sino fuera por la dificultad que entraña, contestan fuentes jurídicas consultadas.
Las mismas fuentes insisten en que el Ejecutivo de Sánchez podría así dar tiempo a los presos fugados mientras reforma los delitos de sedición y rebelión. El regreso de los ex consejeros se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza de Moncloa y también del Govern.