Vox pide a Pilar Alegría que explique cómo protegerá al castellano en las aulas catalanas
El partido liderado por Santiago Abascal solicita a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional que haga cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha solicitado este miércoles la comparecencia de la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para que explique cómo se garantizará la presencia del castellano en las aulas catalanas.
En el escrito se recoge la demanda de información sobre «las acciones que se van a llevar a cabo desde el Ministerio para cumplir con el mandato de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a garantizar la presencia del castellano en las aulas».
De esta manera, esta cuestión se convierte en uno de los primeros asuntos que deberá abordar Pilar Alegría tras su llegada al puesto de ministra de Educación y Formación profesional en sustitución de Isabel Celaá, después de la remodelación del Gobierno ejutada por el presidente Pedro Sánchez el pasado 10 de julio de este año.
El 25% de castellano en las aulas catalanas
El TSJC dictó el pasado mes de diciembre «la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso«.
No obstante, ayer 3 de agosto, se confirmó el rechazo por parte del Gobierno de la sentencia que obliga a Cataluña a imponer ese 25% de castellano en los colegios catalanes. Así quedó reflejado en una respuesta del Ministerio de Educación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que rechaza establecer un “límite cuantitativo determinado”.
“El 25% no es un porcentaje que pueda ser trasladado a cualquier situación”, ha respondido a Bruselas, según recoge el documento, donde añade que aboga por otro sistema “más flexible”.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez justifica que la sentencia del TSJC aún no tiene carácter firme. «Todavía no tiene carácter firme al haber sido recurrida en casación al Supremo por la Generalitat. Serán los tribunales en uso de sus atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias, quienes actúen, llegado el caso«.