Vox, Ciudadanos y el PPC llevarán al Tribunal Constitucional la ley del catalán
El Consell de Garanties Estatutàries apoya a la Generalitat y ve innecesario cumplir el 25% del castellano
La portavoz del PPC, Lorena Roldán.
Vox, Ciudadanos y el Partido Popular catalán llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la ley de protección del catalán promovida por el PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem a pesar del dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias.
El Parlament acordó, el pasado 25 de mayo, tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, impulsada por PSC, ERC, JxCat y comuns, pero el dictamen solicitado por Vox, Cs y PP obligó a aplazar su aprobación hasta el pronunciamiento del órgano consultivo.
En una rueda de prensa desde el Parlament, el portavoz de Vox, Juan Garriga, ha afirmado que a la formación el dictamen no le merece “ninguna credibilidad” porque se trata de un texto “consultivo” y “no judicial”.
Es una «trampa» para tratar de burlar la sentencia del TSJC y «arrinconar» en castellano en las aulas
Lorena Roldán, portavoz del PPC
“Para nosotros, esto y papel mojado es lo mismo”, ha señalado Garriga, que ha anunciado asimismo que se querellarán contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por «desobedecer» la sentencia del 25 % de castellano.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha replicado a la portavoz del PSC, Alícia Romero, que ha acusado a la formación naranja de hacer «filibusterismo parlamentario» para evitar que se apruebe la norma.
«Prefiero hacer filibusterismo parlamentario que seguidismo al independentismo», ha señalado Blanco, que ha acusado a los socialistas de tener «síndrome de Estocolmo» con el nacionalismo.
La portavoz del PPC, Lorena Roldán, ha admitido que las conclusiones del dictamen no le sorprenden porque «el problema no es lo que dice la ley, sino lo que no dice» al obviar la fijación de un porcentaje mínimo del 25 % de horas lectivas en castellano.
A su juicio, el redactado de la norma es una «trampa» para tratar de burlar la sentencia del TSJC y «arrinconar» en castellano en las aulas. «Esto es muy grave, en democracia no hay que discutir si se cumple o no una sentencia», ha subrayado Roldán.
