Cinco vocales del CGPJ responsabilizan al Gobierno del bloqueo judicial ante Bruselas
Los vocales han arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. EFE / Javier Lizón
Cinco de los 18 vocales del CGPJ han remitido una carta a la Comisión Europea en la que arremeten duramente contra el Gobierno, al que responsabilizan del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de haber dado «un paso atrás» en la lucha contra la corrupción.
Dicha carta contiene unas respuestas complementarias a las enviadas por la Comisión Permanente del CGPJ para su consideración en el informe sobre el Estado de Derecho de 2023 que debe elaborar la Unión Europea (UE).
La misiva tan solo ha sido firmada por cinco vocales conservadores que justifican su documento porque las preguntas formuladas por la Comisión no fueron sometidas a la consideración del Pleno del Consejo.
Estos cinco vocales descargan en el Gobierno la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo por «su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de derecho» que es la principal controversia que impide la renovación del Consejo.
Y sin citar al PP, señalan que otros grupos parlamentarios han presentado iniciativas en el Parlamento para adaptar nuestra legislación a la europea, en las cartas que remiten a la vicepresidenta de la Comisión encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová; y al comisario de Justicia, Didier Reynders.
Precisamente Reynders dejó claro en su visita del pasado octubre a España cuales deben ser las prioridades. Dijo que primero se debe acometer con urgencia la renovación del Consejo e «inmediatamente después» cambiar el modelo de elección de sus miembros.
Los vocales recuerdan el último intento del PSOE y PP por pactar la renovación en octubre, pero matizan que la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, que suprimió la sedición y modificó la malversación, abrió una crisis que frustró una vez más las negociaciones.
Al respecto, alertan de que esa reforma supone «un paso atrás» y «un debilitamiento» en la lucha contra la corrupción porque, además, supondrá la revisión de las condenas de los corruptos en prisión.
Los cinco vocales cargan contra el Ejecutivo por su rechazo a devolver al Consejo las competencias para realizar nombramientos y poner fin a la «crítica» situación del Supremo con casi un 30% de vacantes así como por la forma de tramitar las leyes.
Por todo ello, concluyen que «el incumplimiento de los estándares de Estado de derecho de la UE es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del poder judicial».
