Revés al Gobierno por encubrir a altos cargos que no declaran bienes

La Audiencia Nacional ha fallado a favor de obligar al Gobierno a hacer públicos los nombres de los altos cargos que no declaran correctamente sus bienes y actividades.

Así consta en una sentencia que se ha dado a conocer este lunes, tras dos años de enfrentamientos judiciales entre la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), pues la primera abogaba por mantenerlos en privado y la segunda exigía precisamente lo contrario.

El caso se remonta a mediados de 2018, cuando el CTBG pidió a la OCI publicar las identidades de aquellos cargos que no habían presentado sus declaraciones de bienes, o que en su defecto las habían presentado de forma incorrecta. La OCI se negó y elevó el asunto a los tribunales, logrando una victoria en el juzgado de primera instancia. No obstante, CTBG recurrió y ahora la Audiencia Nacional le da la razón: «el derecho a conocer prima sobre la protección de datos o la intimidad», reza el fallo.

No son excepciones

En los últimos años, una decena de altos cargos han sido expedientados por no ser todo lo transparentes que exige la ley. Además, entre 2015 y 2018, un centenar de altos cargos se resistieron a presentar sus declaraciones de bienes y actividades. Pese a estar obligada por una ley de 2015 a identificar a los altos cargos que incumplan en esta materia, la OCI oculta sus nombres en los informes de transparencia que hace públicos cada seis meses ni tampoco recoge cuántos de ellos entregaron tarde sus declaraciones.

Aunque el Gobierno todavía puede llevar el caso al Supremo, el fallo de este lunes supone un varapalo para la OCI y su defensa, la Abogacía del Estado. Y es que tanto la OCI como el CTBG dependen del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero la Abogacía del Estado solo puede defender a una de las partes, por lo que el Consejo de Transparencia ha tenido que contratar abogados externos para hacer frente a esta causa judicial que le enfrenta con un organismo público en defensa de la transparencia.

Por la responsabilidad y la relevancia de las funciones que llevan a cabo, los altos cargos deben actuar en las «máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas», reza la setencia. Pese a que la OCI defiende que no revela los nombres de los cargos que fallan con sus declaraciones de bienes por no vulnerar el derecho a la protección de datos, el fallo añade que frente a este derecho prima el del «acceso a la información pública».

La Oficina de Conflicto de Intereses, cuestionada

Este caso se inició en mayo de 2018, en la recta final del Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura que le sacó de la Moncloa. Se originó por una solicitud de información de El País a través del Portal de Transparencia, en la que pedía la identidad de los cargos que incumpliesen sus obligaciones de transparencia. También solicitó los nombres de los 100 altos cargos a los que la OCI presionó entre 2015 y 2018 para que presentaran sus declaraciones en tiempo y forma. El rotativo no tuvo suerte entonces.

Unos meses después, el CTBG publicó una resolución en la que instaba a la OCI a dar los nombres, pero ésta siguió en su negativa y llevó el caso a la justicia. Algo poco extraño en el organismo, que no suele cumplir las resoluciones del CTBG ni mucho menos abrir procedimientos sancionadores contra los altos cargos que incumplan sus obligaciones de transparencia, pese a que esta tarea es la que explica el origen de la Oficina, nacida en 2006 y desde entonces dirigida por Flor López Laguna.