Valencia se une a Cataluña en una normativa anti-Uber

La normativa anti-Uber, que la Generalitat de Cataluña aprobó hace escasamente una semana y provocó la salida de Uber y Cabify, llegará en condiciones muy similares a la Comunidad Valenciana. 

La Generalitat Valenciana tiene intención de elevar la presión sobre el modelo de contratación de vehículos con conductor VTC y por ello marca en un primer borrador que su objetivo es establecer un preaviso de contratación.

Este tiempo, al igual que en Cataluña, será una requisito necesario para contratar un servicio de un coche VTC, el que utilizan los chóferes que trabajan con Uber y Cabify. La previsión es que este intervalo sea de un tiempo mínimo de 15 minutos, entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio. 

Este plazo, además, podrá ser ampliado por los municipios si lo consideran necesario. En Cataluña el encargado de aumentar este tiempo hasta a una hora es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau.

La Generalitat Valenciana, contra la «captación de clientes»

Según indicó la titular del departamento, María José Salvador, el objetivo es “establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar”. 

Pero hay más. Se definirá con mayor exactitud lo que se entiende por “captación de clientes” y no se permitirá la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes.

También se introducirán otras medidas, como que los vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser por otros menos contaminantes. 

País Vasco mira a Cataluña; Madrid le da la espalda

Los movimientos de las administraciones para regular los servicios de los vehículos VTC se están acelerando. Ayer, lunes, el País Vasco estableció que estos servicios deberán contratarse con al menos una hora de antelación. La administración foral marcó, no obstante, que el tiempo de contratación no será necesario en “circunstancias especiales” como urgencias, mutuas de accidente y asistencia en carretera, entre otros supuestos.

En el otro lado está la Comunidad de Madrid, enfrentada con el taxi. El gobierno presidido por Ángel Garrido (PP) retiró su oferta de regulación a los taxistas de la capital, que se verán obligados a decidir este martes si vale la pena seguir o no con las movilizaciones. 

Según explicaron desde el Ejecutivo regional, la administración madrileña no quiere verse en la misma situación que Barcelona, donde su normativa anti-Uber ha provocado el despido de miles de empleados.

Desde la Comunidad de Madrid también señalaron además que no quieren enfrentarse a ninguna reclamación millonaria, como sí ocurrirá en Cataluña. Los gestores de licencias VTC ultiman demandas millonarias y se calcula que, entre otras reclamaciones, pidan aproximadamente 1.050 millones de euros a la Generalitat.