Unidas Podemos plantea dejar de dar contratos públicos a Ferrovial

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha planteado dejar de dar contratos de obra pública a Ferrovial. La propuesta llega después de que la compañía haya anunciado su intención de trasladar su sede social de España a Países Bajos tras la fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que posee el 86% de los activos de la constructora presidida por Rafael del Pino.

«Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no?», se ha preguntado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter para luego valorar: «El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí».

Traslado a Países Bajos

Una vez se fusione la matriz y Ferrovial International, la compañía presidida por Rafael del Pino ha expresado su intención de marcharse hacia Países Bajos, donde solicitará la doble admisión a negociación, cotizando también en España y posteriormente en Estados Unidos, según comunicó ante la Comisión Nacional del Mercado (CNMV).

Tal y como enfatizó la constructora, el objetivo de la operación no es otro que el de «alinear la estructura corporativa con el perfil internacional», si bien insistió en que la «reorganización corporativa» no tendrá impacto alguno en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria. Por ese motivo, España continuará siendo el “principal fuente de desarrollo de talento”.

No obstante, conviene tener en cuenta que el traslado está sujeto a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación. Pues, los accionistas que rechacen el traslado podrán acogerse a su derecho de separación, que contempla la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción.

Por detrás de Rafael del Pino, que es el accionista mayoritario con el 20,4% del capital, se sitúa María del Pino, que posee el 8,2%. Por su parte, el fondo británico TCI controla el 6,4%, mientras que Leopoldo del Pino, posee el 4,1%, y los fondos BlackRock y Lazard el 3,18% y el 3%, respectivamente según la CNMV.

Belarra acusa a Países Bajos de «dumping fiscal»

La propuesta de Echenique sigue la línea de las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien a lo largo de una entrevista en la cadena de televisión Cuatro ha rechazado que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno haya motivado en parte la decisión de la constructora. “No sé por qué tendríamos algo que ver”, ha destacado.

A ojos de la ministra de Derechos Sociales, la marcha de la compañía representa «un caso muy claro de ‘dumping’ fiscal». Precisamente, por ese motivo, ha hecho un llamamiento a “seguir trabajando con el resto de países de la Unión Europea para generar una fiscalidad común, para evitar que se generen dentro de la Unión Europea paraísos fiscales que le hacen ‘dumping’ fiscal a otros países donde tratamos de impulsar una fiscalidad que sea justa”.

En este contexto, ha señalado hacia la fiscalidad como “la condición de posibilidad de nuestros servicios públicos” y, por ello, ha pedido “mejorar los mecanismos para luchar contra los paraísos fiscales”, pero también “asegurar que quienes más tienen, más paguen”.