Una trama de corrupción irrumpe en medio de la campaña electoral gallega

Carioca, Campeón, Orquesta y ahora…Pokemon. Galicia se ha convertido en el escenario de numerosas operaciones en los últimos años en el marco de la lucha contra la corrupción. Esta enésima investigación se inició a lo grande, con la detención del alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, y el regidor popular de Boqueixón, Adolfo Gacio. Por el momento, al primero se le acusa de cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias relacionados con las adjudicaciones de obras.

Tanto para socialistas como para populares la noticia cayó como un jarro de agua fría. El mejor indicador es que ni uno ni otro aprovechó para cargar contra el rival, sino que ambos se acogieron a la presunción de inocencia de los detenidos. Las formaciones políticas desconocían que una trama de estas características fuera a explotarles en las manos justo a un mes de las elecciones autonómicas. Este jueves, en los círculos políticos gallegos trataban de vaticinar si la operación Pokemon hará que aumente la abstención en las urnas y el descontento social con la clase política.

Vendex, en el ojo del huracán

Pero además de los dos regidores, por el momento, hay otras diez personas más detenidas, entre las que se encuentra el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño, Francisco Fernández Liñares –que también fue concejal en Lugo con el PSOE–, un funcionario del servicio de contratación del ayuntamiento de Santiago y varios miembros de la empresa Vendex que, según la información que ha trascendido, parece ser el nexo de unión entre los detenidos.

Este grupo, con sede social en Madrid, es un conglomerado de empresas que realizan servicios de mantenimiento integral a lo largo de la geografía española. En Galicia su trabajo se centra mayoritariamente en la gestión de zonas de establecimiento de la ORA, en limpieza de colegios y recintos deportivos y en la rehabilitación de edificios. Además, participa en numerosos procedimientos de contratación a través de estas sociedades, como es el caso de PAU, Doal o Sermasa.

Este jueves, las sedes de Vendex en Ourense, Santiago y A Coruña fueron registradas por efectivos de aduanas. Por el momento, un trabajador de Vendex en la ciudad de las Burgas –donde es adjudicataria del servicio de ORA y de la grúa a través de Doal– ha sido detenido, y otro del staff directivo también fue arrestado en A Coruña. Se especula con que podría haber un tercero más que estuvo presente en el registro efectuado en la sede de Compostela.

La jueza

La Operación Pokemon, al igual que la Campeón, tiene su origen en los juzgados de Lugo. Concretamente del juzgado de instrucción número 1, que dirige Pilar de Lara Cifuentes.

Según han comentado fuentes jurídicas a Economía Digital, esta jueza –que ya puso en marcha la Operación Carioca que investigaba casos de corrupción, blanqueo de capitales y protitución– guarda una muy buena relación con Estela San José, la jueza del caso Campeón.

Relaciones con la ‘Campeón’

De hecho, De Lara también se hizo cargo en su momento de una de las separatas de la Campeón, concretamente la que se refería a la imputación del exconselleiro de Industria Fernando Blanco, del BNG, y en la que también estaba imputado el que fue ministro de Fomento, Pepe Blanco. Así que, según parece, aún con las elecciones a la vuelta de la esquina, a De Lara no le tiembla el pulso a la hora de iniciar un proceso de este tipo.

Aunque falta mucho por conocerse de las entrañas de la Operación Pokemon, ya hay quien entiende que se trata de una especie de ramificación que surge a raíz de la investigación de la Operación Campeón. De hecho, uno de los detenidos, Fernández Liñares, ya aparecía en el sumario de esta última y había sido mencionado por Jorge Dorribo, el principal implicado en la trama de tráfico de influencias.

Por el momento, fuentes que rodean la investigación avisan de que se podrían producir más detenciones.

Los partidos piden prudencia

Y mientras la investigación continúa, los partidos políticos se afanan en pedir prudencia, conscientes del coste electoral que puede tener un escándalo relacionado con el blanqueo de dinero en estos tiempos.

Desde el PSOE gallego lamentaron que el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, “lleve horas encerrado en una comisaria, incomunicado” y ha demandado que el proceso judicial sea “lo más ágil posible”.

“Un alcalde no tiene que tener ningún privilegio por encima del resto de ciudadanos, pero el daño que se le hace es tremendo al poner en duda su honorabilidad”, indicaron.