Una cláusula del BOE permite a las comunidades sortear las restricciones de la hostelería

Las comunidades han conseguido librarse de las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad para regular en toda España la reapertura del ocio nocturno y los horarios de la hostelería. Los bares y restaurantes de territorios como el País Vasco o la Comunidad de Madrid han continuado esta noche con su hoja de ruta prevista gracias a una cláusula del Boletín Oficial del Estado (BOE) que concede un resquicio legal a los gobiernos autonómicos.

La normativa entró en vigor este sábado a pesar del rechazo explícito de hasta seis comunidades autónomas que habían mostrado sus discrepancias con el modelo presentado por Carolina Darias. Sin embargo, el Gobierno dejó una cláusula en el texto que facilita que las medidas puedan adaptarse «y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica”.

Esta es la base legal que han tenido los gobiernos autonómicos que se han declarado en rebeldía para hacer caso omiso al protocolo del Gobierno de Pedro Sánchez y mantener esta madrugada su propio camino. El caso más evidente es el del País Vasco que con una incidencia acumulada de 194 casos positivos por cada 100.000 habitantes debería haber cerrado el interior de bares y restaurantes, pero no lo ha hecho. Es el mismo escenario que afecta a La Rioja.

La hostelería vasca ha mantenido esta noche su actividad normal de acuerdo a los criterios establecidos por el Plan Bizi Erri que puso en marcha el Gobierno de Íñigo Urkullu. La decisión de hacer oídos sordos a la norma del Ministerio de Sanidad ha sido respaldad incluso por los socialistas vascos que se han aferrado a esa frase del BOE para mantener su propio plan de medidas de seguridad sanitarias en la región.

Madrid llevará las restricciones a la Audiencia Nacional

Tampoco Madrid ha acatado la normativa del Consejo Interterritorial de Salud. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las principales asociaciones hosteleras de la capital española ya han adelantado su voluntad de recurrir ante la Audiencia Nacional el nuevo protocolo ante los tribunales, pero mientras tanto han contado con el colchón de la ambigüedad que ofrece el BOE. «Lo que el Gobierno no puede hacer, pretextando una actuación coordinada en el Consejo Interterritorial de Salud, es invadir las competencias de las comunidades», advirtió ayer el consejero de Justicia, Enrique López.

La decisión de poner en marcha las nuevas restricciones salió adelante gracias a la mayoría socialista en la reunión de las comunidades, sin embargo se encontró con el voto en contra de cinco comunidades (Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Cataluña) y la abstención de Castilla y León. El País Vasco directamente se negó a participar en el debate.

La medida permitirá la reapertura de las discotecas hasta las dos de la mañana e incluso prolongar el cierre en el futuro hasta las tres. Mientras que permitirá un horario para la hostelería convencional hasta la una. Sin embargo la medida está emplazada a la evolución epidemiológica de acuerdo al semáforo del coronavirus de Sanidad. Solo Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias están actualmente en el nivel uno de alerta que se necesita.

El Gobierno matiza su discurso contra las comunidades

El fuerte debate territorial que ha provocado esta medida ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez matice su discurso. Hace tres días remarcaron que la medida era de «obligado cumplimiento» para todas las comunidades pero ahora ya han abierto la puerta a tener en cuenta las particularidades de cada territorio en la lucha contra la Covid-19.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que hasta ahora se había mostrado beligerante, ha reconducido sus palabras. «Todos sabemos ya que las medidas frente al Covid deben modularse, adaptarse y contextualizarse a cada territorio según la evolución epidemiológica porque no es homogénea en todo el país, ni siquiera lo es en cada comunidad autónoma», ha explicado en una entrevista con el diario vasco Deia.

Tras el aluvión de críticas, el ministro socialista ha negado que se haya producido un cambio de postura desde el Gobierno pero ha mandado un mensaje a favor de la «cogobernanza» en respuesta a las declaraciones que en las últimas horas han llegado desde Euskadi, donde gobierno el Partido Nacionalista Vasco (PNV), uno de sus principales socios en el Congreso. La declaración de actuaciones coordinadas contempla la contextualización de las medidas en función de la evolución epidemiológica, tal y como se acordó», ha sentenciado.