Un sector de ERC aboga por negociar la suspensión de los embargos en la mesa de diálogo

La mayor preocupación en estos momentos para el independentismo no son los indultos, sino en cómo evitar la responsabilidad penal y contable de los siguientes procesos abiertos por el 1-O. En estos momentos, existen tres procesos abiertos que impiden dormir a Pere Aragonés. El más importante es el del Tribunal de Cuentas, que podría embargar los bienes de importantes ex altos cargos como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Raül Romeva.

El independentismo se muestra dividido sobre cómo afrontar este nuevo bache. Según ha podido saber Economía Digital, un sector de ERC quiere negociar la suspensión de estos embargos directamente con el Gobierno central y apuestan por exponer el tema en la mesa de diálogo.

El próximo 29 de junio, unos 40 ex altos cargos están citados, junto a sus representantes legales, para conocer el contenido del expediente que investiga la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.

Según el informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso ED, se investiga a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Neus Munté, Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Javier Acín, Roger Albinyana, Martí Anglada, Virginia Astigarraga, Amadeu Altafaj, Luca Bellizzi , Luis Bertrán, Albert Carreras, Adam Casals, Francisco Cubel, Ewa Adela Cylwik, Ramon Font, Francesca Guardiola, Erick Hauck, Marie Katinka, Elisabeth Kapretz, Manuel Manonelles, Sergi Marcén, David Mascort, Joaquim Nin, Maryse Olivé, Mar Ortega, Juan Prat, Pere Puig, Albert Royo, Andrew Scott Davis, Jordi Serra, José Manuel Suárez Iborra, Mireia Vidal, Rosa Vidal, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Paz Villòria. 

Hasta hace unos meses, el máximo órgano fiscalizador del uso de los fondos públicos había reclamado 4,14 millones de euros a todos los investigados mencionados anteriormente por las sumas de dinero desviadas a distintas iniciativas, según muestra el expediente.

A esta cantidad faltaban atribuirse los gastos competentes a Acción Exterior del Govern, por lo que la suma ha aumentado recientemente a 4,8 millones de euros y aún faltarían los gastos derivados a las embajadas catalanas en el exterior. De este modo, los principales afectados tendrán que volver a sufragar otro gasto millonario que podrá variar dependiendo de las alegaciones que cada uno formule en cuanto se les notifiquen los detalles de la investigación, el próximo 29 de junio.

Será a partir de entonces cuando el Tribunal de Cuentas abrirá un periodo para abonar el importe exigido mediante un pago voluntario de la fianza antes de que se proceda a embargar los bienes. Los afectados ya han dado la voz de alarma a sus respectivos partidos, Junts y ERC, para buscar soluciones.

«Existe verdadera preocupación y desesperación ante lo que consideramos una causa injusta. Nos van a embargar los bienes ante lo que calificamos como una persecución o represión económica», destaca uno de los afectados.

Según ha podido saber en exclusiva Economía Digital, desde las altas instancias de ERC han hecho saber a los suyos que el partido no los va a dejar atrás y hasta la cárcel también han llegado palabras tranquilizadoras y de ánimo para algunos afectados entre los que se encuentra Oriol Junqueras.

Desde Junts desvelan que la famosa ‘caja de solidaridad’ que ya sufragó anteriormente las fianzas de los presos del procés está prácticamente vacía. El partido no puede afrontar el pago y señalan que ERC «aún podría vender sus sedes» para hacerle frente. Aún así, «esa no es la solución», apuntan. Es aquí donde Junts y ERC todavía no se han puesto de acuerdo.

Mientras la ANC apuesta por construir una nueva caja de resistencia y alborotar las calles para conseguir más adeptos con la causa independentista, el ‘ala dura’ de Junts reclama que se haga cargo del pago el nuevo Govern. Algo que constituiría un flagrante delito de malversación de caudales público y sería vuelta a lo mismo.

Otro sector apuesta por volver a la caja de solidaridad con el apoyo de los partidos, mientras que ERC meditan con preocupación qué hacer. Un sector de los republicanos apuesta directamente por llevar el asunto a la mesa de diálogo. Quizá el Gobierno puede interceder por ellos ante la Justicia, como ya está haciendo con la posible concesión de los indultos. Y es que todo tiene relación.

El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por conceder un indulto parcial a los 12 condenados independentistas. Este tipo de indulto se diferencia del total porque sólo afecta a algunas penas impuestas no todas. En este caso se podría ceñir solamente a sacar de prisión a los condenados. Si el indulto afecta a las multas, exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente.

Cabe recordar que, además demás de por sedición, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados por ese delito en concurso con otro de malversación.

Aragonés deberá reunirse con Junts para establecer, primeramente, qué temas llevarán como Govern a la mesa de diálogo con Moncloa. Voces republicanas defienden que los socialistas ‘tienen mano’ en la composición de este órgano independiente que gestiona las cuentas públicas y aseguran que «es un asunto que forma parte del conflicto».

Asimismo, se remontan a la «judicialización del procés» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para que el Ejecutivo actual aplique la «concordia» que expone estos días en sus discursos Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat conversó este viernes con su homólogo a nivel nacional y ambos se han emplazado para hablar en Moncloa en este mes de junio. Aunque todavía no hay fecha fijada o comunicada, está por ver si el de ERC lleva entre su carpetas económicas y sobre el procés alguna petición para liberar del más que posible embargo de sus cuentas a su amigo y compañero Oriol Junqueras y al resto de investigados.