Un observatorio de violencia política para romper el relato de Torra
Entidades constitucionalistas y de derechos humanos crean un organismo para contrarrestar el discurso de la "represión" y la naturaleza pacífica del procés
“Apretáis y hacéis bien en apretar”. Así arengaba Quim Torra el 1 de octubre del año pasado a los autodenominados comités de defensa de la república (CDR), los mismos que ahora acaparan el protagonismo del primer informe semestral del recién creado Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. De los 189 incidentes de esta índole que recoge el informe que se produjeron en la primera mitad de este año, un tercio -65, concretamente- son atribuidos a estos grupos.
El observatorio, una iniciativa de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano a la que en seguida se sumó la organización Movimiento contra la Intolerancia, nace para eso, para combatir el relato según el cual el movimiento independentista es eminentemente pacífico y para enmendar la plana al govern Torra y a su Oficina de Derechos Sociales y Políticos, un organismo creado -ese mismo primero de octubre en que Torra arengaba a los CDR- para denunciar vulneraciones de esos derechos y “luchar contra las actitudes violentas o denigrantes que atentan contra la cohesión y la convivencia en Cataluña”.
Hasta ahora, el nuevo organismo de la Generalitat, dirigido por Adam Majó, ha puesto el énfasis en denunciar supuestos abusos cometidos contra personas o entidades soberanistas, incluida la “represión” que a juicio del gobierno catalán ejerce el Estado contra el independentismo, y en alertar contra el aumento de agresiones cometidas por la ultraderecha en Cataluña.
Un «mapa de la represión» auspiciado por Torra
A final del año pasado, solo tres meses después de su creación, ya emitió un primer informe en el que alertaba de que en dos años se habían producido 328 ataques contra la libertad de expresión y la pluralidad ideológica perpetrados por una veintena de colectivos vinculados a la extrema derecha. Y en julio publicó un mapa interactivo en su web bautizado como Cartografía de la represión del 1-O y dedicado a recoger episodios de “persecución política” contra el independentismo.
Para el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, la oficina de la Generalitat se ha convertido en un organismo «de parte y que solo trata de considerar como vulneradores de la libertad ideológica aquellos hechos generados por lo que ellos definen sin aportar pruebas como grupos de extrema derecha”. “Es un un instrumento sectario y claramente fallido para la denuncia y el control de la intolerancia ideológica», concluye.
El nuevo observatorio perfila un panorama radicalmente distinto al descrito por la oficina que dirige Majó. Según su primer informe, los incidentes de violencia política son provocados en un 90% de casos por personas, grupos o entidades independentistas y, en palabras de Domingo, tienen “una naturaleza hispanofóbica”. Su eficacia a la hora de intimidar e “inhabilitar al oponente político”, prosigue el exdiputado, se basa en su reiteración. El 90,5% de los ataques a partidos han ido dirigidos contra fuerzas enmarcadas en el bloque constitucionalista, con Cs como diana favorita, seguido del PSC. Se dibuja así un contexto intimidatorio solo posible, entiende Domingo, por la condescendencia e incluso “complicidad” con que esos incidentes son tratados por las instituciones catalanas.
Recopilación no exhaustiva
El trabajo, que se centra en el primer semestre de 2019, recopila solo los episodios recogidos por los medios y/o las redes sociales que ha podido concretarse cuándo y dónde se produjeron, precisa el coordinador del trabajo, Ángel Puertas. Así, por ejemplo, no se ha computado ninguno de los cuarenta ataques a la prensa que Reporteros sin Fronteras denunció en abril que se habían producido en Cataluña en los 18 meses previos, porque no se precisaban las fechas, ni tampoco episodios de “violencia psicológica” difíciles de acreditar.
De modo que la recopilación no es exhaustiva, aunque sí constituye una muestra significativa, además de heterogénea: se incluyen desde agresiones físicas, escraches, amenazas o ataques a sedes de partidos hasta la campaña de la ANC para boicotear a empresas del Ibex o los cortes que los CDR convirtieron meses atrás en práctica recurrente, y que en la lista aparecen enmarcados en el apartado de desórdenes públicos. “También constituyen una forma de violencia, porque se está impidiendo por la fuerza y de forma no legítima la libre circulación de los ciudadanos”, argumenta el vicepresidente de Movimiento Ciudadano, el catedrático de la UAB y expresidente de Sociedad Civil Catalana Rafael Arenas.
El observatorio remitirá su informe a instituciones y partidos
El informe dibuja un caldo de cultivo de alta graduación que alcanzó su cénit en febrero, cuando se concentran 88 de los 189 incidentes reportados. “Lo importante es señalar que se están produciendo estos incidentes”, dice el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, el veterano activista pro derechos humanos Esteban Ibarra, porque “se está creando un clima de agresividad, y quien banaliza este tipo de hechos se convierte en cómplice indirecto” de los mismos.
Es lo que, a su juicio, han hecho hasta ahora las instituciones catalanas, con Torra a la cabeza, y a las que Arenas les pide que cejen en “la deslegitimación” sistemática del poder judicial.
El observatorio, que tiene intención de elaborar más con periodicidad semestral, enviará este primer informe a la fiscalía, el Gobierno, la Generalitat, el Parlament, el Defensor de Pueblo, el Síndic de Greuges, partidos políticos y organizaciones internacionales de derechos humanos. Y a la Oficina de Derechos Sociales y Políticos, claro. “Espero que no se descalifique el informe diciendo que lo han hecho los fachas”, apunta Ibarra, que tira de currículum y de su condición, reconocida oficialmente, de víctima del franquismo. “Todo el mundo conoce mi trayectoria de 50 años de lucha contra el fascismo”.
