Un matrimonio sufre una ejecución hipotecaria pese a pagar el piso al contado

Bartolomé Espinosa, un trabajador jubilado de 65 años, y su mujer Josefa Sánchez de 62 podrían perder su vivienda y quedarse en la calle después de haber pagado su piso a contado. El matrimonio compró hace seis años una vivienda al constructor Lisardo Cortés, un conocido promotor inmobiliario de Alpedrete (Madrid) que levantó medio pueblo en los años de burbuja inmobiliaria.

Espinosa pago casi 360.000 euros por uno de los pisos que Cortés edificó en la urbanización «Residencial París». En el documento de compra-venta, avalado por notario, el empresario aseguraba que el piso estaba libre de cargas. El matrimonio creyó en la palabra del hombre y en el documento notarial que, a la postre, no tendría ninguna validez legal. Cortés no había pagado a Caixabank (la Caixa), la entidad que financiaba al empresario constructor y que ahora reclama la vivienda.

El empresario, explica Caixabank, no canceló su crédito después de haber vendido el piso. El matrimonio jamás se enteró de la deuda hasta que el año pasado una procuradora de la Caixa tocó su puerta y les informó de que la entidad ha solicitado la ejecución hipotecaria. Era el primer aviso de que el matrimonio podría quedarse en la calle y sin su vivienda.

«Al principio creí que era un error. Saqué todo los papeles y le dije a la procuradora que lo habíamos pagado todo, que tenía que haber una equivocación. Pero luego, nos dimos cuenta de lo que pasaba: el promotor no había pagado la hipoteca, tal como figuraba en los documentos notariales», explica Josefa Sánchez, que ha comenzado a medicarse desde el inicio del proceso.

La trampa del promotor

En el documento de compra-venta, el vendedor, con el aval del notario, asegura que la deuda con la entidad bancaria está cancelada. Pero el promotor, que también se ha quedado con pagas y señales de decenas de vecinos del pueblo y que no ha devuelto tras el fracaso de sus últimos proyectos, no ha podido demostrar el pago.  

Caixabank asegura que, como política, ha decidido no desahuciar a ninguno de sus clientes cuando se trate de una vivienda habitual. La entidad ha preferido negociar con los hipotecados con problemas de pago para evitar las escenas el drama de los desahucios, promovidas por gran parte de la banca durante los años de crisis. Pero el matrimonio afectado no es cliente de la entidad y, por lo tanto, no tiene garantizado ese tratamiento.

El juicio por ejecución hipotecaria sigue en marcha aunque la entidad bancaria asegura que su voluntad es llegar a una «solución negociada» con los afectados.

La pareja de jubilados se ha querellado contra el constructor pero, dado que el banco le informó de la estafa cinco años después, el juez consideró que el delito de estafa había prescrito. Ahora, el matrimonio vuelto a iniciar el proceso por la vía civil mientras intenta paralizar el proceso de ejecución hipotecaria que podría dejarlos sin techo.  «Era nuestra última casa, el lugar donde decidimos retirarnos y ahora nos encontramos sin casa y sin el dinero. Es una estafa en toda regla y nadie responde», explica Espinosa.

Estafas colectivas

Los abogados de los afectados lamentan que la entidad bancaria no hubiese avisado con antelación sobre la hipoteca no cancelada. Caixabank asegura que el matrimonio afectado tiene un problema con el promotor y, por tanto, no es la entidad la que debe pagar los platos rotos de la estafa.  

El promotor, supuestamente arruinado, ahora es vecino del matrimonio. Les sigue asegurando que todo se trata de un error, que el pago se efectuó. El constructor Cortés es buscado también por decenas de afectados del pueblo, que lo acusan de estafa colectiva. Han formado la plataforma «Afectados por Lisardo Cortés». Pero Cortés pero sigue paseándose libre, sin cargos de conciencia ni de justicia. Cuando los afectados les recriminan a la entrada de su vivienda, sólo tiene una petición. «Por favor, no gritéis para que mis hijos no se enteren».