Un juez obliga a Colau a retirar la multa contra el fondo inmobiliario que la denunció
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está imputada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones contra el fondo inmobiliario Vauras Investement
Ada Colau, alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona. Efe/Alejandro García
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha visto obligada a retirar las sanciones administrativas por valor de 417.000 euros que el Ayuntamiento había impuesto al fondo inmobiliario Vauras Investment por no ofrecer alquiler social en un bloque de pisos de su propiedad, después de que un juez le notificase a principios de abril la nulidad de la multa.
Si bien el artículo de la ley catalana 17/2019 en el que se amparaba el consistorio y que recoge las medidas de emergencia habitacional estaba vigente en el momento de tramitar las sanciones, fue anulado posteriormente y ya no estaba en vigor cuando el fondo inmobiliario presentó el recurso contra la multa. Por este motivo, el juez consideró inconstitucionales las sanciones interpuestas y el consistorio ya las habría retirado, según Tot Barcelona.
En su momento, el Ayuntamiento justificó la imposición de la sanción al fondo inmobiliario por «no haber ofrecido un alquiler social a seis viviendas, tal y como reclama el decreto del gobierno catalán 17/2019». Además, remarcó que a pesar de que la ley prevé 90.000 euros de multa por cada vivienda en la que no se ofrezca este tipo de alquiler, el consistorio decidió interponer una sanción por debajo de este máximo.
«No queremos cobrar estas sanciones, queremos obligar a las grandes entidades que han provocado esta situación de emergencia habitacional a corresponsabilizarse y buscar soluciones que no pueden recaer solo en el Ayuntamiento, sino también en estos grandes propietarios que se han enriquecido», aseguraron.
Imputada por prevaricación y coacción
La Audiencia de Barcelona imputó hace unos días a Colau, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones ejercidos contra el fondo inmobiliario, que la acusó tras el conflicto que tuvieron después de que un grupo de personas ocupara uno de los bloques en propiedad de la empresa situado en el barrio del Poble-Sec y conocido como Bloc Llavors.
La compañía se negó a ofrecer un alquiler social a los inquilinos del bloque, y esperó a que, en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia, los Mossos d’Esquadra desalojaran el lugar. No obstante, el Ayuntamiento respondió multando a Vauras Investment por no haber ofrecido dicha opción al alquiler social.
La querella no solo está dirigida la alcaldesa, sino también al concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra, la edil de Vivienda, Lucía Martín y la responsable de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá. Los cuatro están citados a declarar como investigados y la Audiencia ha requerido al consistorio los expedientes administrativos del caso.
No es la primera vez que el fondo inmobiliario entra en litigio contra el consistorio de Ada Colau. Ya ocurrió en 2020, aunque el Juzgado de Instrucción 38 de Barcelona el que archivó la querella de Vauras Investment, que la acusaba, además, de cohecho y tráfico de influencias. Ahora, no obstante, la Audiencia Provincial admite ahora a trámite prevaricación administrativa y coacciones.
Los magistrados han reflexionado que la multa contra la empresa pudo obedecer a la «espuria consecuencia» del Ayuntamiento y que este pudo, en su momento, recurrir a la «amenaza» contra Vauras Investment de no concederle licencias de obra en la ciudad para que el fondo se «plegara a sus pretensiones».
