Un juez investiga a la Generalitat por retrasar la vacunación de los policías

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha abierto una investigación para determinar si la Generalitat de Cataluña incurrió en prevaricación, cuando decidió postergar la vacunación contra el coronavirus de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en plena tercera oleada de contagios. El magistrado ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que recaben toda la información necesaria para verificar si se ha cometido algún delito.

El juez ha aceptado la denuncia presentada por el sindicato de policía Jupol y la asociación de guardiaciviles Jucil, que advirtieron sobre un trato discriminatorio contra los dos cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma durante la campaña de inmunización. El juez también ha remitido las denuncias a la Fiscalía, según ha publicado El Mundo.

La apertura de la investigación responde a las duras críticas que emitieron los agentes nacionales cuando la Consejería de Salud Pública suspendió temporalmente su proceso de inmunización, debido a los cambios en los protocolos de edad de la vacuna de Astrazeneca. «Es totalmente arbitraria, contraria a derecho, y deja en total y completa desprotección a los funcionarios estatales», argumentaron en su escrito judicial.

La denuncia continúa con su recorrido por los juzgados, después de que ya lograran una primera victoria, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó al Gobierno de Cataluña a reanudar la vacunación de todos los agentes, que eran considerados como personal esencial en la estrategia nacional de vacunación.

La Conselleria de Salud Pública contabilizó el 22 de abril que el 80,3% de los efectivos de los Mossos d’Esquadra habían recibido la primera dosis del fármaco, mientras que el porcentaje era de apenas el 9,9% entre los funcionarios de la Policía Nacional que operan en Cataluña y del 6,3% en el cuerpo de la Guardia Civil de la comunidad autónoma. La diferencia ya se ha subsanado.

Los sindicatos policiales denuncian una «politización» de la campaña de vacunación

Los dos sindicatos policiales denunciaron que su situación respondía a una «politización» de la campaña de vacunación por parte de la Generalitat que había priorizado a los agentes autonómicos. «No han dudado en poner en peligro la salud y la vida de los demás con tal de alcanzar sus objetivos políticos», señalaron en un comunicado.

El entonces secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, justificó esta situación excepcional por los cambios de criterio en los protocolos de aplicación de las vacunas que se produjeron cuando se detectaron los primeros casos de trombos en la sangre en los pacientes que habían recibido la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca.

El departamento decidió entonces priorizar la inmunización de los colectivos más mayores con Pfizer, en lugar de continuar la vacunación de los policías de carácter nacional. “Me importa un un rábano qué profesión tienen las personas, a nosotros nos han formado para dar cura y asistencia a todo el mundo«, argumentó Argimon.

La polémica se saldó con las denuncias judiciales y las peticiones públicas de dimisión por parte de algunas formaciones de la oposición como Ciudadanos. Argimon no dio su brazo a torcer y ha terminado siendo nombrado consejero de Sanidad en el nuevo organigrama de la Generalitat, como parte del cupo de Junts.