Elsa Artadi tenía el encargo de activar la secesión el 2-O
La documentación confiscada a Lluís Salvadó preveía 176 medidas para la desconexión, 41 de ellas a aplicar de forma urgente el día después del referéndum
Nunca se hicieron efectivos, pero en el juicio del 1-O sigue el goteo de evidencias de que los planes del gobierno de Carles Puigdemont para declarar la independencia existían. Este lunes, emergió en el Tribunal Supremo un documento hallado durante el registro al despacho de Lluís Salvadó y que situaba al exsecretario de Hacienda y a la hasta este fin de semana consellera de Presidencia Elsa Artadi como responsables de aplicar las medidas urgentes previstas para activar la secesión inmediatamente después del 1-O.
Ese documento fue hallado roto en una papelera cercana a la mesa de Salvadó, y preveía que la misma noche del referéndum quien tenía que llevar la voz cantante era la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que al día siguiente, Salvadó y Artadi, entonces directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat, serían los responsables de aplicar las primeras medidas de urgencia de cara a la desconexión.
Entre la documentación incautada en su casa y su despacho a Salvadó, se encontró también el listado con las 41 medidas urgentes a aplicar el mismo 2 de octubre. Diez de ellas eran medidas generalistas como la sustitución del ordenamiento jurídico español o la asimilación por parte de la Generalitat de los funcionarios de la administración estatal, y el resto, hacían referencia a aspectos sectoriales, como las aprobación de los decretos ley para la creación de un banco central y una agencia tributaria catalanes o el acuerdo para provisionar las plazas de magistrado para el sistema judicial de la futura república.
176 medidas para la independencia
El entonces secretario de Hacienda, que fue detenido en los registros efectuados en el marco de la operación Anubis para impedir el referéndum el 20-S, tenía en su poder un documento marco que incluía un total de 176 medidas previstas «para la creación de un nuevo estado catalán» y para garantizar su funcionamiento en la fase inicial. Así lo explicó el capitán de la Guardia Civil que supervisó y coordinó todo el material incautado en ese operativo judicial.
Esas medidas, relató el testigo, se dividían en cuatro bloques: creación del nuevo estado y sucesión de su ordenamiento jurídico; ingreso en organismos internacionales; refuerzo de la administración de la Generalitat para garantizar su funcionamiento en los primeros meses y un cuarto apartado que incluía más de 140 medidas sectoriales «para que el futuro estado catalán pudiera funcionar como un estado del bienestar», repartidas en 22 sectores o ámbitos.
De cada una de esas medidas, se suponía que tenía que haber un anexo que las desplegara. Al propio Salvadó se le encontraron en un pendrive desarrollos de 26 de esas medidas, y otras seis, referidas a política comunicativa, como la sustitución de las licencias de radio y televisión en Cataluña, las estaba trabajando el entonces secretario de Difusión Antoni Molons, según la documentación incautada en el registro en el despacho de este, mientras que al secretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta, se le encontró documentación referida a otra medida, la de creación de la agencia catalana de protección social.
