Un concejal de Colau, investigado por ceder ilegalmente un local ‘okupado’
El juez citado a declarar a Eloi Badia y a otros cuatro cargos municipales por presuntos delitos de malversación y prevaricación
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. EFE/ Quique García
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, será investigado por presuntos delitos de malversación y prevaricación, después de que una comunidad de vecinos del distrito de Gracia haya interpuesto una querella por haber cedido de forma supuestamente ilegal un local okupado a una asociación juvenil.
El titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, Francesc Paulí, ha citado a declarar a Badia y a otros cuatro cargos municipales, según recoge el auto judicial, al que ha tenido acceso El País. También ha ordenado escuchar el testimonio de las personas afectadas e incluir en la causa toda la documentación relativa al caso.
La querella está dirigida a los responsables del distrito de Gràcia y del Instituto Municipal de Vivienda que intervinieron en la cesión. En concreto, al gerente de Gràcia Pere Camps; el jefe de servicios jurídicos, Rufino García; el director de servicios a las personas, José María Raya; y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación, Maria Àngels Mira.
Presuntos delitos de malversación y prevaricación
El objeto de la querella es un convenio de cesión de usos, renovado posteriormente, suscrito en 2017 por el consistorio de la ciudad condal y la Asociación de Jóvenes de Gracia. Pues, según la comunidad de vecinos, el concejal adjudicó de forma directa el local en cuestión, la antigua comisaría de Policía de Lesseps, en lugar de hacerlo mediante subasta o concurso, como establece la legislación actual.
Los querellantes consideran que se pudo haber cometido un delito de malversación, puesto que el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad pactaron un alquiler social anual de 550 euros, del cual «no hay constancia de que haya sido abonado».
«La voluntad decisoria estaba torcida de inicio», ha lamentado la comunidad de vecinos en la querella admitida a trámite en el juzgado. Asimismo, ha acusado al consistorio de llevar a cabo la cesión con motivos “exclusivamente políticos e ideológicos afines a los del equipo municipal de gobierno y en perjuicio del erario público”.
Se trata del último episodio del largo periplo de la comunidad de vecinos para poner punto final a los problemas de convivencia que llevan sucediendo desde la cesión del local. Después de numerosas llamadas a la Guardia Urbana y denuncias ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la comunidad de vecinos ha tomado la decisión de llevar el caso a la Fiscalía de Barcelona, que archivó la investigación en diciembre del año pasado por falta de indicios de delito.
Badia asegura que no se «obró con mala fe»
“El consistorio no obró con mala fe, históricamente se han cedido espacios, fuera de los mandatos del actual Gobierno municipal”, ha defendido el concejal. Y ha insistido en que la cesión “se enmarca en la participación ciudadana en la ciudad”. En este sentido, ha destacado que existen “otros locales municipales en cesión de uso para asociaciones de vecinos, incluso cuando se trata de gestión cívica”.
Badia ha asegurado que el local «no podría ser ocupado, sino en unas condiciones formales». Pues, según ha apuntado los jóvenes del colectivo: «Salieron del local, el Ayuntamiento lo rehabilitó de acuerdo a los requerimientos de uso público, y se constituyeron en Asociación para poder optar a la cesión”.
También ha recordado que el impago del alquiler se produjo en 2020 y 2021, coincidiendo en el tiempo la pandemia. Sin embargo, ha enfatizado que «se les ha requerido el pago y se acabará cobrando».
