Cataluña, a un año del 1-O: 4.422 empresas menos (y un Govern en negación)

Cuando se cumple un año del referéndum ilegal del 1 de octubre, el balance es incontrovertible. Un total de 4.422 empresas se fugaron de Cataluña desde el inicio de una crisis política que obligó a los empresarios a trasladar sus sedes sociales a otras comunicades. Pero el Govern de Quim Torra sigue en negación, pues reduce esa cifra a 2.501 «decisiones empresariales» de traslado.

Mientras el Colegio de Registradores mantiene que en 2017 y en la primera parte de 2018 el número de compañías que migraron a otras comunidades autónomas es de más de 4.400 (frente a las 758 empresas que se instalaron en Cataluña en ese periodo), la Generalitat se atrinchera en un estudio propio que habla de unas 2.500 fugas empresariales entre octubre de 2017 y el 31 de julio de 2018.

Según el propio estudio de la Generalitat, esas decisiones corresponden a 3.700 códigos de identificación fiscal de las compañías (CIF) y apenas supone el 0,59% de la base empresarial de Cataluña. El Govern también defiende que un 80% de las compañías que se fueron son micro o pequeñas empresas.

La síntesis que hace la política catalana llevó a Foment del Treball a pedir que no se minimizara el efecto de las fugas. Pero la Generalitat insiste en que el traslado de miles de sedes sociales no estuvo acompañado del traslado de sedes centrales o de centros productivos a otras partes de España, y por ello resta importancia a la situación.

Ante la avalancha de críticas que esta postura ha generado, el conseller de Economía, Pere Aragonès, salió al paso para advertir de que no había que «despreocuparse» de este fenómeno porque podrían producirse «deslocalizaciones» de algunas partes de la actividad empresarial que había que evitar.

La fuga de empresas, un drama irreversible

La fuga de empresas por ahora se muestra irreversible, en el entendido de que la única gran compañía que decidió regresar a Cataluña es Agbar, controlada por el grupo francés Suez, que decidió fijar nuevamente su sede social en la comunidad autónoma el 4 de septiembre, apelando a la «estabilidad económica».

Pero Agbar solo posee los negocios catalanes de la gestión de aguas del grupo, y el resto de activos situados en otras partes de españa tienen sede en Madrid desde 2015.

Los primeros traslados se dieron entre agosto y octubre de 2017, con empresas como Oryzon Genomics y Naturhouse, pero el efecto dominó de las fugas comenzó el 5 de octubre, cuando el Banc Sabadell decidió llevarse su sede social a Alicante. El ámbito empresarial temía una declaración unilateral de independencia que, en efecto, sucedió, aunque rápidamente fue frustrada.

Los clientes de los bancos también acusaron la misma preocupación, y empezaron a abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña. Según datos de las patronales bancarias AEB y CECA, un total de 29.429 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos durante 2017.

Muchas grandes compañías ya celebran sus juntas de accionistas fuera de Cataluña

La alarma se contagió entre los demás banqueros. Caixabank aprovechó el decreto ley del Gobierno para facilitar el cambio de sede social sin tener que pasar por la junta de accionistas, y trasladó su dominio social a Valencia. A otras comunidades se fueron Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), la Fundación Bancaria La Caixa, Service Point y Dogi (ahora Nextil), entre otras.

Abertis, Cellnex, Colonial, Segurcaixa, Applus+, Catalana Occidente, Edreams o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña, y el gigante de los hemoderivados Grifols se quedó como la única cotizada catalana del Ibex 35 con sede en la comunidad catalana.

Grandes compañías familiares como Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern y Planeta también se fueron de Cataluña. El movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz, Bimbo o Banco Mediolanum, entre otras. Además, muchas grandes compañías ya celebran sus juntas de accionistas fuera de Cataluña.