La última propuesta de Vox: quiere convocar un referéndum para ilegalizar partidos independentistas

Vox quiere que los españoles tengan la oportunidad de decidir a través de un referéndum la ilegalización de los partidos independentistas. Por ese motivo, defenderá a lo largo de esta semana una iniciativa en el Congreso de los Diputados que posibilite declarar como ilegales las formaciones políticas que “ponen en tela de juicio” la existencia de España y buscan “romper” la unidad nacional. A pesar de que la previsión es que la iniciativa se debata este martes, podría pasar al miércoles si la sesión se prolonga por más tiempo.

A través de esta moción consecuencia de interpelación, el partido político presidido por Santiago Abascal se propone denunciar que las “cesiones” del Gobierno de Pedro Sánchez a las formaciones secesionistas y “filoterroristas” han sido “permanentes” a lo largo de la legislatura, dado que “el Ejecutivo necesita los votos de estas formaciones para lograr una mayoría parlamentaria”.

Vox carga contra las «cesiones» del Gobierno

Entre distintas “cesiones”, destaca los indultos concedidos a los nueve condenados por el ‘procés’, el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas, el “cese” de la directora del CNI Paz Esteban “como castigo por haber investigado a los golpistas y terroristas”, y pactos con EH Bildu para “desproteger” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El partido de Santiago Abascal destaca que la cesión “más grave” es la reforma del delito de sedición, que busca una “amnistía encubierta” para los condenados por el “golpe” del 1 de octubre de 2017 y “sentar las bases para el retorno a España de los prófugos de la justicia que se encuentran en Bélgica o Suiza, como es el caso de Puigdemont”.

Por ello, con esta moción Vox solicita también recuperar la tipificación de los delitos relativos a las convocatorias y celebraciones de referéndums ilegales, reintroducir penas proporcionadas para ese tipo de acciones y promover la recuperación de manera urgente de las competencias transferidas a las regiones en materia de educación, sanidad, seguridad y justicia.