Uber y Cabify, acechadas: deben informar de todos sus viajes
Fomento pone en marcha el 1 de marzo un registro online para las VTC. Uber y Cabify están obligadas a dar cuenta de cada viaje que prestan
El Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos, prueba durante este mes de febrero un registro online para que las compañías de vehículos de alquiler con conductor (VTC) notifiquen todos los viajes que realicen. Se prevé que el sistema se ponga en marcha el 1 de marzo y que a partir del 2 de mayo inicien los procedimientos sancionadores, si los hubiera.
El registro de viajes pretende convertirse en la baza de Fomento para detectar regularidades en los servicios de las VTC, comúnmente brindados por compañías como Uber y Cabify, cuya patronal Unauto anunció el viernes que ha extendido a la Comisión Europea su preocupación por la situación de competencia en el transporte en España, a raíz del decreto Ábalos.
El mencionado decreto, aprobado en 2018, entre otras novedades, limita a las VTC a prestar trayectos contratados previamente y prohíbe a los conductores recoger a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos. Y es precisamente en este sentido que el registro se perfila como el instrumento para vigilar que estas plataformas respeten la normativa.
Otro objeto de la lupa de Fomento es que se cumpla el porcentaje de viajes que pueden hacer fuera de la comunidad autónoma en la que recibieron la licencia VTC. Fuentes oficiales informan de que durante febrero el registro funcionará «en modo de preproducción», y durante marzo y abril tendrá una labor solo informativa, informaron La Sexta y Europa Press.
Uber y Cabify, obligadas a dar cuenta de cada trayecto
Si bien Ábalos es quien está al frente de Fomento al momento de activar el registro de viajes, y es ahora la cara política más conocida del conflicto entre taxis y las VTC, este instrumento se pone en marcha en virtud del real decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017 y promovido por el entonces ministro del departamento, Íñigo de la Serna.
El decreto de De la Serna buscaba habilitar una herramienta para controlar la actividad del sector de las VTC y también evitar una «burbuja» de compraventa de licencias, por lo que prohibió a los titulares de las mismas venderlas en los dos años posteriores a su obtención. Su objetivo era atajar el conflicto con los taxistas, que en el año siguiente solo escaló a más.
Si el plan de Ábalos de poner el registro en marcha el 1 de marzo, Uber y Cabify estarán obligadas a dar cuenta de todos y cada uno de los servicios que realicen, al margen de las regulaciones a las que deban someterse según la comunidad autónoma donde deseen operar, dadas las competencias regionales que concede el decreto Ábalos.
Las competencias autonómicas sobre las VTC ya han provocado que Uber y Cabify huyeran de Barcelona, después de que el Govern de Cataluña aprobase una normativa que les obligara a respetar un tiempo de precontratación de 15 minutos. País Vasco, Aragón y Valencia debaten si hacerse eco de la medida catalana, mientras Madrid rechaza regular las VTC.
