La UAB certifica su deterioro ante notario para comunicarlo a Torra
La Universidad Autónoma de Barcelona recibe poco más de dos millones de euros para mantener sus edificios, pese a que necesitan un mínimo de ocho
Las universidades públicas catalanas advierten a la Generalitat que la falta de financiación crónica pone en peligro su supervivencia. En un acto reivindicativo realizado la semana pasada, la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, lo dijo de forma gráfica: “se nos caen los edificios”. La infrafinanciación afecta a la renovación de plantillas, a la capacidad de investigación e, incluso, al mantenimiento de las instalaciones.
Uno de los casos más flagrantes es la UAB. El campus de Bellaterra tiene una superficie construida de más de 500.000 metros cuadrados valorada en 400 millones de euros. Se inauguró en 1968 y, más de 50 años después, necesita actuaciones urgentes. Desde la UAB se apunta que requeriría “un mínimo” de ocho millones de euros anuales para mantener los edificios del campus. Sin embargo, en la actualidad, tan solo reciben poco más de dos millones de euros anuales por este concepto.
La UAB envió un requerimiento notarial a la Generalitat para comunicarle sus “necesidades” y el estado de sus edificios. Ante la política de oídos sordos del gobierno catalán, acudieron al notario para dejar constancia del estado del campus.
Un portavoz de la UAB recalca que el deterioro a lo largo de los años es evidente aunque no entraña un peligro para los alumnos. Incluso algunos edificios han sufrido leves desplazamientos por estar asentados sobre terrenos arcillosos. Todavía están en funcionamiento ascensores de más de 30 años.
“Gastos de ciudad”
La UAB reclama un modelo de financiación de la universidad pública que garantice su “funcionamiento regular”. El incremento de los recursos es imprescindible para mantener las instalaciones, renovar el profesorado, hacer frente a los incrementos salariales y de los servicios, así como para los “gastos de ciudad”. Y es que la UAB es una ciudad.
Al tratarse de una “universidad no urbana” debe asumir gastos como el asfaltado de las calles, la señalización, la iluminación, el mantenimiento de los espacios verdes, alcantarillado y un servicio de autobuses, que utilizan los alumnos para trasladarse desde las estaciones de tren a las facultades. En las otras universidades públicas, estos gastos son asumidos por los respectivos ayuntamientos, pero en el caso de la UAB corren de su cuenta. Estos “gastos de ciudad” le suponen cuatro millones de euros anuales.
Renovación de plantillas
También necesitan más recursos para renovar la plantilla de docentes. La media de edad del profesorado permanente es de 57 años. De los cerca de 1.500 profesores permanentes, solo 32 son menores de 40 años. Además, el personal de administración y servicios también es deficitario. No se han cubierto vacantes y jubilaciones.
Como el resto de universidades públicas catalanas, la UAB se ha hecho cargo desde 2016 del incremento del 1% de las nóminas acordado por el Gobierno. La Generalitat todavía no ha compensado este coste, que supone cerca de 1,8 millones de euros anuales.
La aprobación del estatuto de personal investigador en formación (EPIF) también va a cargo de las universidades. Este estatuto dignifica la situación laboral de estos profesionales. Sin embargo, fuentes de la UAB recalcan que “no se pueden asumir gastos generados por decisiones externas a la propia universidad sin el correspondiente incremento de ingresos”.
A causa de la prórroga presupuestaria, la Generalitat tiene congeladas las partidas universitarias desde 2017. Por lo tanto, han sido las universidades las que han tenido que hacer frente a los incrementos de los precios de los servicios. Como ejemplo, en 2018, la UAB hizo un esfuerzo para ahorrar energía. Este ahorro le habría servido para rebajar la factura energética en 700.000 euros, si se hubieran aplicado los precios de 2017, pero como subieron, el gasto se incrementó en 540.000 euros.
