El TSJC obliga a otra escuela de Cataluña a cumplir con el 25% de clases en castellano
Los magistrados responden a a la denuncia presentada por la familia de un colegio de Cubelles (Barcelona) para elevar las materias en castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a otra escuela de la comunidad autónoma que cumpla con la sentencia que establece que un 25% de las clases deben impartirse en castellano. Los magistrados han dictado la orden judicial para que la dirección del centro ubicado en Cubelles (Barcelona) adapte su currículo a la enseñanza en ambas lenguas.
Se trata de la segunda sentencia de este estilo que se produce después de que el Tribunal Supremo dictara jurisprudencia sobre este asunto y ratificara que al menos una cuarta parte de las materias debían explicarse en castellano. La anterior tuvo que ver precisamente con el colegio de Canet que despertó un fuerte debate social por el acoso que recibió la familia que lo solicitó.
La nueva sentencia responde también a la denuncia presentada por una familia del centro que pidió que se cumpliese con los requisitos establecidos. El texto ha reconocido su derecho a que el menor reciba una enseñanza «que incluya el castellano como lengua vehicular en la proporción razonable«, según ha publicado Europa Press.
El TSJC anula el proyecto lingüístico del colegio
Los jueces han dado además por anulado el proyecto lingüístico de este colegio de Infantil y Primaria porque consideran que no cumple con lo establecido por ley. «No contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial conjuntamente con el catalán», han concluido.
La sentencia es el final de un periplo de solicitudes realizado por la familia, que ya solicitó en noviembre de 2019 a la Conselleria de Educación de la Generalitat que se modificara el modelo lingüístico, pero que recibió un ‘no’ por respuesta por parte de las autoridades educativas, que desestimaron su petición.
Este son el tipo de casos por los que ha pedido también información el Defensor del Pueblo. La entidad dirigida por Ángel Gabilondo ha activado de oficio una investigación para conocer cómo se está aplicando la sentencia del 25% en Cataluña y de qué manera está garantizando el Gobierno de Pere Aragonès los derechos de las familias, tras el caso del acoso de Canet.