El TSJC estrangula la financiación de la independentista AMI
El TSJC dicta sentencias que dan la razón a la Delegación del Gobierno en su cruzada contra las cuotas de la Asociación de Municipios para la Independencia
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) está poniendo en apuros económicos a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Esta es una de las entidades que promovieron el referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017.
Dos recientes sentencias de la sala contenciosa administrativa del TSJC estiman los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno en Cataluña en contra del pago de cuotas a la AMI por parte de ayuntamientos catalanes.
Se trata de dos sentencias clónicas, firmadas el mismo día por el magistrado Francisco Sospedra, que afectan a los ayuntamientos barceloneses de Berga y Sant Celoni. En primera instancia, dos juzgados distintos rechazaron los recursos de la Delegación del Gobierno, pero la sala del contencioso del TSJC ha revocado aquellas resoluciones al estimar los planteamientos de los abogados del Estado.
Fuentes jurídicas apuntan que este tipo de sentencias del TSJC sobre las cuotas a la independentista AMI se sucederán “en cascada”. Indican que la de mayor calado se dictó el pasado enero respecto a los pagos del Ayuntamiento de Girona.
Devolución de cuotas
El grupo municipal de Ciudadanos en Girona exige a la alcaldesa Marta Madrenas (Pdecat) que reclame las pagos abonados a la AMI. Ascienden a 49.014 euros, a razón de una cuota anual de 8.169 euros efectuada entre 2012 y 2017.
La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Miriam Pujola, precisa a este medio que están a la espera de que la alcaldesa les informe por escrito de si han reclamado el importe a la AMI, de las cuotas pagadas en 2018 y de si se efectuaron otros pagos vinculados al proceso independentista. Después decidirán si emprenden acciones legales contra Madrenas y su antecesor en la alcaldía, Carles Puigdemont.
Cambios en la AMI
Puigdemont fue alcalde de Girona y presidente de la AMI hasta que se instaló en el palacio de la Generalitat en enero de 2016. Su sucesora en la asociación de municipios independentistas fue Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
En enero pasado, el TSJC archivó las diligencias contra Lloveras por un presunto delito de desobediencia en relación con el referéndum del 1-O. Un año antes, Lloveras cedió el testigo como nuevo presidente de la AMI a Josep Maria Cervera, alcalde de Port de la Selva (Girona).
Las causas judiciales abiertas contra los alcaldes de la AMI por el 1-O se han diluido como un azucarillo. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, reconoció la semana pasada en la comisión de justicia del Parlament que tan solo se siguen “seis o siete” procedimientos. En su mometo, la Fiscalía General del Estado aportó una lista de cerca de 700 alcaldes que, según la web de la propia asociación de municipios, suscribieron decretos en apoyo del referéndum.
Pese a que los alcaldes de la AMI se están librando de las causas penales, el TSJC está estrangulando su financiación. Otros juzgados han tumbado incluso la afiliación.