El Supremo tumba los recursos contra Dolores Delgado como fiscal general
Los magistrados han rechazado los recursos presentados por el PP y Vox contra la designación de la exministra al cargo de la Fiscalía
Dolores Delgado continuará ejerciendo como la Fiscal General del Estado (FGE). El Tribunal Supremo ha rechazado este martes los recursos judiciales presentados por el Partido Popular y por Vox contra el nombramiento de la jurista que ejerció como ministra de Justicia durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
La sala tercera del alto tribunal ha estimado que los dos partidos políticos carecen de «legitimación» para recurrir el nombramiento de la fiscal que es una competencia del Ejecutivo. La decisión no ha sido unánime. Dos de los siete magistrados han emitido su voto particular para manifestar su discrepancia.
El archivo de la causa pone fin a una de las polémicas que han enfrentado a Pedro Sánchez con la oposición desde que llegó al poder. Delgado formó parte del Consejo de Ministros en el Gobierno que se formó después de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la presidencia. Pero tras las siguientes elecciones, el Ejecutivo optó por ubicarla al frente de la Fiscalía.
El PP justificó la falta de «imparcialidad» para sustentar su recurso
El Partido Popular presentó su recurso ya en mayo de 2020, aunque hasta ahora no había obtenido una respuesta por parte de la Justicia. Los principales argumentos para sustentar su acusación es que Delgado no cumplía con el requisito de «idoneidad» para optar al cargo por su falta de «objetividad y de imparcialidad».
La formación de Pablo Casado subrayó que Delgado había participado activamente en los actos de campaña del Partido Socialista previos a las elecciones de 2019 y recordó que el Congreso ya reprobó su nombramiento. Se trata únicamente de un movimiento político ya que la competencia para establecer la Fiscalía corresponde al Gobierno.
Con la vía judicial agotada, la única forma de destituir a Delgado pasa a partir de ahora por la rama política. Los populares ya intentaron forzar su cese cuando decidieron establecerlo como una condición para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que continúa enquistada, pese a que sí que se ha dado relevo al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.