El Supremo confirma el fraude en la gestión del agua de Collbató
El alto tribunal rechaza los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Collbató y el Consorcio de Gestión Integral de Aguas contra la sentencia
Fachada del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha ratificado el fraude de ley en la gestión de las aguas del municipio de Collbató. Los magistrados han confirmado que la adjudicación del servicio al Consorcio de Gestión Integral de Aguas (Congiac) se produjo de forma irregular, ya que no se respetó la libre competencia durante el procedimiento.
El alto tribunal ha rechazado los recursos interpuestos tanto por el Ayuntamiento de Collbató como por el propio Congiac contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lo que convierte la decisión en firme y obliga a realizar un cambio en los sistemas de gestión de las aguas de la localidad de la provincia de Barcelona.
Congiac es una entidad pública que agrupa a varios municipios para la gestión del ciclo del agua a través de la empresa Giacsa. La sociedad está integrada por Aigües de Manresa, Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals, y la Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca.
La sentencia del TSJC del 21 de septiembre de 2020 ya concluyó que la entidad funcionaba como un instrumento fraudulento para permitir a los ayuntamientos extender sus servicios más allá de su propio ámbito y convertirse de esa manera en proveedores de pequeños municipios de la zona.
El TSJC probó que los ayuntamientos no tenían control sobre Giacsa
El TSJC ya consideró entonces que la entidad no contaba con los medios suficientes para prestar el servicio, sino que actuaba como intermediario para que las empresas públicas municipales que la integran, facilitando comisiones e ignorando la obligación de los ayuntamientos de convocar licitaciones de manera abierta.
La sentencia también tuvo en cuenta que los ayuntamientos no participaban en su accionariado ni tenían control sobre las decisiones de la compañía. Los jueces también apuntaron que el beneficio industrial de Giacsa es incompatible con su propio estatus como entidad.
La ratificación por parte del Tribunal Supremo ha sido celebrada ahora por el grupo Agbar, que ha hecho un llamamiento a la administración pública para que acate la decisión. «El Ayuntamiento de Collbató debe ejecutar la sentencia y optar por un modelo de gestión del servicio de agua que cumpla con el ordenamiento jurídico y, especialmente, con la normativa de competencia», ha afirmado la empresa en un comunicado.
