El Supremo confirma las condenas a Convergència por el caso Palau
El Supremo mantiene penas de prisión para varios dirigentes de CDC, que deberá devolver 6,6 millones de euros por las comisiones ilegales
El Tribunal Supremo confirmó este jueves la condena a Convergència (CDC) por el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música. En consecuencia, el partido que lideró Artur Mas deberá hacer frente a un decomiso de 6,6 millones de euros.
La sala de lo penal del TS también confirmó la condena a Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, aunque le reduce en once meses la pena de prisión que le impuso la Audiencia de Barcelona en diciembre de 2017: de cuatro años y cinco meses pasa a tres años y medio, si bien le mantiene íntegra la multa de 3,7 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales.
A Osàcar se le rebajó la condena de cárcel en once meses porque “no consta acreditado” el delito de tráfico de influencias. A causa de su avanzada edad, difícilmente entrará en la cárcel.
La sentencia del TC confirmó las condenas para los principales acusados del saqueo del Palau de la Música impuestas por la Audiencia de Barcelona: la pena de 9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros, para Félix Millet; y la de 7 años y 6 meses de prisión, con multa de 2,9 millones de euros, a Jordi Montull. Estos dos exresponsables del Palau de la Música deberán devolver 23 millones de euros a esta histórica institución cultural catalana.
Rebaja para Gemma Montull
A la exdirectora financiera, Gemma Montull, hija de Jordi Montull, se le rebajó la pena de 4 años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona a cuatro años. Una reducción mínima, de solo seis meses, pese a que durante el juicio colaboró con la fiscalía anticorrupción. Además, deberá abonar una multa de 2,6 millones de euros por blanqueo de capitales.
El TC desestimó el recurso de Convergència contra el comiso de 6,6 millones de euros derivados de la comisión del tráfico de influencias. El Supremo recuerda que hay tres condenados por ese delito (Millet, y Jordi y Gemma Montull) cuya conducta atendía a que el producto pactado por la influencia, la comisión porcentual de obra pública adjudicada a la constructora Ferrovial, llegara a Convergència a través del Palau de la Música.
Once años después de estallar el caso Palau, ninguno de los acusados se encuentra en la cárcel. En su momento, Convergència depositó avales inmobiliarios como fianza por valor de 3,5 millones de euros.
