El Tribunal de Cuentas reclama a UGT casi 10M por los ERE de Andalucía
El sindicato, que ya ha presentado un recurso, argumenta indefensión puesto que el Tribunal no habrái argumentado "qué concretas irregularidades fundamentaban las imputaciones".
El Tribunal de Cuentas ha reclamado al sindicato UGT 9.745.882 euros por la presunta responsabilidad contable que el sindicato tuvo en relación con el caso de los ERE de Andalucía. Se trata de una reclamación que ya ha sido recurrida por la organización, que ha alegado indefensión.
Según avanza el periódico El País, la organización argumenta que el pago de esa cuantía supondría el bloqueo de toda su actividad sindical si implica el bloqueo de sus cuentas bancarias y sus fuentes de financiación, por lo que ha ofrecido sus bienes inmuebles como aval para realizar el pago.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, concluye que hubo irregularidades en varias actividades relacionadas con el sindicato en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía. En concreto, se habla de ayudas que no se gestionaron correctamente y que tenían como objetivo ayudar a paliar el efecto de los ERE en los trabajadores que perdieron su empleo y que «presentaron dificultades para reintegrarse en el mundo laboral».
Estas, cuantías, por tanto, estaban destinadas a amortiguar «el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad”.
El Tribunal considera que, pese a que las ayudas iban destinadas a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”, hubo personas en otra situación que también se beneficiaron aunque «no reunían las condiciones exigidas para ello”.
Dicho desajuste implicaría un gasto extra en los fondos públicos de la región.
Aproximadamente, unos 2,5 millones de euros del total de los más de 9,7 que el tribunal ha impuesto al sindicato se reclaman de forma conjunta y solidaria a la Federación Minerometalúrgica de CCOO.
Por su parte, UGT, en su recurso, ha argumentado que “el afianzamiento inmediato por parte de esta Federación de UGT de la cantidad requerida de 9.745.882 euros, objetivamente muy elevada, afecta al normal desenvolvimiento de la actividad del sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución)”.
También argumentan que la unión de trabajadores no se quedó con el dinero, sino que fue directo a «los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes”.
También argumentan que el Tribunal de cuentas no ha argumentado en su resolución “qué concretas irregularidades fundamentaban” las imputaciones.