El Tribunal de Cuentas rechaza el aval del Govern a los embargados del ‘procés’

Tras la salida de los políticos presos del procés, ahora el Govern trabaja en avalar a los 40 excargos públicos a los que el Tribunal de Cuentas va a embargar parte de sus bienes por la posible malversación de gastos públicos durante 2011 y 2017. El president, Pere Aragonès, señaló su intención de respaldarles con fondos públicos.

Un propósito que según el propio Tribunal de Cuentas supone un «fraude de ley», según han señalado fuentes del organismo a El Mundo. «La delegada instructora debe decidir no solo sobre la suficiencia, sino también sobre la legalidad de la fianza que se deposite«, explican.

«Corresponde a ella la valoración, pero sería un fraude de ley que una comunidad autónoma considerada parte perjudicada cubra la fianza de los responsables del perjuicio«, añaden desde el Tribunal de Cuentas. Pero este no ha sido el primer movimiento por parte de Aragonès, porque la semana pasada ya intentó en el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se liberara de la deuda de 5,4 millones a los 40 embargados.

Entre ellos se encuentran líderes del independentismo como Carles Puigdemont y Artur Mas o los indultados, Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros. Además, las fuentes consultadas por el periódico han señalado que está en manos de la delegada instructora del caso, Esperanza Gracia, rechazar que se pueda pagar la deuda con fondos de origen público.

El organismo fiscalizador abriría una causa contra Aragonès

«Confío en que la instructora rechace que la Generalitat dé algún tipo de aval público para evitarles el embargo y, en todo caso, tomaremos iniciativas para evitar este fraude de ley», ha asegurado el presidente de Abogados Catalanes por la Constitución, Manuel Zunón. Además, ha amenazado con presentar una querella penal por malversación y prevaricación contra, entre otros, el presidente de la Generalitat, si se atreven a dar ayudas públicas a los embargados.

Desde la Generalitat, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ya indicó este lunes que era obligación de la administración hacer que se respete el «principio de indemnidad», que, para ellos, se traduce en avalar a estos políticos. «Todos los funcionarios tienen derecho a una tutela y a un apoyo por parte de su administración cuando se les acusa de un delito en cumplimiento de sus funciones».

Pero, la consellera fue mucho más allá, afirmando: «No han malversado». Pese a que el Tribunal de Cuentas haya sentenciado lo contrario. El organismo también ha apuntado que si se ayudase a los embargados, se podría abrir otra causa contra Aragonès.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), que en otras ocasiones se ha hecho cargo de embargos mediante la caja de solidaridad, que cubren donantes anónimos, también ha manifestado que debe ser el Govern quien se haga cargo de los embargos.