El Tribunal de Cuentas podría no admitir el aval del ICF
Fuentes del Tribunal advierten que el uso del Institut Català de Finances podría suponer fraude de ley y malversación
Oriol Junqueras, Pere Aragonès y Raúl Romeva. EFE
El Tribunal de Cuentas podría no admitir el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como reclama la oposición, al considerar este instrumento, ideado por la Generalitat, un posible fraude de ley.
Las fuentes de este órgano consultadas por Economía Digital han indicado que el trámite de afianzamiento «está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no».
El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, anunció este miércoles que, finalmente, el ICF será el contraavalista que sufrague los 5,4 millones de fianza que el órgano fiscalizador impone a los 34 ex altos cargos del Govern. De no abonarlos este miércoles, se procedería al embargo de sus bienes.
El propio Giró había asegurado un día antes que el ICF no sería el contraavalista porque podría poner en peligro a los funcionarios y trabajadores de este organismo.
Los juristas consultados por ED coinciden en señalar que el Govern podría estar cometiendo un posible fraude de ley por la utilización de este mecanismo e, incluso, «se podría incurrir en una posible malversación» por parte de la Generalitat.
El escenario habría sido totalmente diferente si la Generalitat hubiese logrado un aval por parte de la banca. Un aval presentado por un banco protege a los funcionarios públicos y, sobre todo, su patrimonio personal si incurrían en responsabilidades que pudieran ser consideradas penales o contrarias a la normativa.
Los estatutos del ICF prohíben prestarse a particulares
Desde el ICF se ha alertado en todo momento de que si actuaban de avalista y no de mero gestor, como inicialmente se pretendía, se colocaría en el disparadero a sus funcionarios. Se podrían iniciar procedimientos contra ellos y de ahí que Giró anunciase el martes que el Govern no pondría en primera fila a esta entidad.
Sin embargo, el cambio de discurso del Govern vuelve a situar en la picota al ICF como institución. Sus estatutos prohíben prestarse como avalistas para particulares, en este caso los ex 34 altos cargos del Govern. Y de ahí que haya «miedo» entre los trabajadores y altos cargos que firman el aval.
Los juristas consultados consideran que «existe un desplazamiento patrimonial innegable y esto supone un fraude de ley forjado en el seno del propio gobierno de Cataluña». Asimismo, indican que «podría darse la comisión de un posible delito de malversación» porque «cualquier fórmula que comporte poner en riesgo fondos públicos para que el ICF cubra esa fianza podría entrar en el ámbito de la malversación».
Cualquier fórmula que comporte poner en riesgo fondos públicos para que el ICF cubra esa fianza podría entrar en el ámbito de la malversación
El decreto por el que la Generalitat ha optado para poner en marcha este instrumento también ha sido muy criticado por los expertos en Derecho, quienes aseguran que «la extrema urgente necesidad está justificada, pero otra cosa sería considerar si el supuesto habilitante está basado en la legalidad».
Otros profesionales consultados destacan que «el Código Penal prohíbe que se realicen actos de administración del patrimonio público que sean perjudiciales, como es el caso de la asunción de obligaciones que no corresponden a la Administración».
Asimismo, explican que la Generalitat ha alegado «principio de indemnidad, cuando este principio solo exige el resarcimiento de los daños causados a las autoridades y funcionarios cuando estos han actuado para satisfacer el interés general, pero no cuando han cometido delitos».
La decisión sigue en manos del Tribunal de Cuentas que, una vez presentado este mecanismo, tendrá que tramitar el expediente y analizar si la vía del Govern es legal o no.
