El Tribunal Constitucional investigará los avales públicos del ‘procés’
El alto tribunal admite a trámite una querella contra la Generalitat por la creación de un fondo público para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros
La Generalitat desafía al TC: recupera la reducción del IRPF a las rentas más bajas. En la imagen, el conseller de Economía, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)
El Tribunal Constitucional investigará la creación del fondo público con el que la Generalitat de Cataluña intentó hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta contra una treintena de altos cargos por la promoción del ‘procés’ en el extranjero. Fue el mecanismo diseñado por el Gobierno de Pere Aragonès para evitar que se actuase contra las finanzas particulares de los implicados.
Los magistrados han admitido a trámite una denuncia presentada por Vox, en la que se cuestionaba el desembolso del dinero procedente de las arcas públicas para sufragar los avales impuestos por el Tribunal de Cuentas. El organismo fiscalizador declaró irregular la financiación tanto del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) como de las denominadas embajadas catalanas, forzando a sus responsables a devolver la inversión movilizada.
La decisión provocó una respuesta automática por parte de la Generalitat. El vicepresidente catalán, Jaume Giró, explicó entonces que se iba a poner en marcha un fondo complementario de riesgos, dotado con 10 millones de euros para evitar un embargo de los bienes personales de los dirigentes salpicados.
A pesar de que el Tribunal de Cuentas no aceptó finalmente el origen del dinero procedente del Institut Català de Finances (ICF), ahora los magistrados del Constitucional han admitido el recurso presentado por la formación de Santiago Abascal contra el decreto del Govern. El Partido Popular también anunció que acudiría a la Justicia para impugnar los avales públicos.
«El partido va a dar todas las batallas en los tribunales para que se respete la legalidad», ha explicado en un comunicado el responsable jurídico de Vox, Juan Cremades.
El Constitucional se desvía del criterio de la Fiscalía
La decisión del alto tribunal va en contra del criterio manifestado por la Fiscalía Superior de Cataluña, que ya ha comunicó su rechazo a las querellas presentadas contra Pere Aragonès, Jaume Giró y Laura Vilagrà por la creación del fondo. El ministerio público considera que la administración conserva el control sobre sus recursos económicos.
Paralelamente, algunos de los dirigentes implicados en el presunto desvío de fondos para la promoción del ‘procés’ han comunicado que presentarán recursos contra el Tribunal de Cuentas por bloquear los avales públicos. Tanto el expresidente, Carles Puigdemont, como el que fuera su números dos, Oriol Junqueras, presentarán sus respectivas querellas.
Este cruce de recursos deja el desenlace sobre el pago del dinero en el aire, justo cuando el Tribunal de Cuentas acaba de protagonizar un cambio de rumbo, después de que socialistas y populares hayan llegado a un acuerdo para renovar a sus vocales, como parte del pacto general para dar relevo a los organismos constitucionales.
