Tres consejeros del ICF dimitieron para no apoyar los avales al Tribunal de Cuentas
La dimisión de los tres independientes tiene lugar la misma semana de que se produjera la votación que terminó en empate sobre si el ICF debía hacer de aval, una votación que terminó a favor del Govern gracias al voto de calidad del presidente del órgano
Albert Castellanos, presidente del ICF, en el centro, con Pere Aragonès, de quien fue número 2 en Economía. EFE
La Generalitat sigue en pleno proceso de encontrar una institución que avale el pago de la deuda contraída por hasta 34 exaltos cargos del Govern con el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos para financiar desde la institución el ‘procés’ en el extranjero.
Tras haber descartado en principio utilizar el Institut Català de Finances (ICF) como entidad que avalara la cuantía, el Govern ha retomado esta posibilidad ante la dificultad del conseller de Economía, Jaume Giró, de encontrar un banco que cumpla con este papel.
En un principio, desde la Generalitat descartaron esta posibilidad por el posible daño a la reputación que podría causar a la institución implicarla en el pago de 5,4 millones de euros con el que el Tribunal de Cuentas había resuelto condenar, entre otros, a los expresidents Mas y Puigdemont, así como al exvicepresident Oriol Junqueras y a otros altos cargos de la cúpula de anteriores governs.
No obstante, los de Aragonès han retomado esta posibilidad como medida de emergencia, lo que ha propiciado que tres integrantes de la junta de gobierno de esta institución financiera del Ejecutivo presentaran su dimisión, según apunta el periódico La Vanguardia, a principios de semana.
Se trata de Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger, tres independientes que, con su marcha, dejan la dirección de la entidad con solo 8 sillones ocupados, 4 por miembros cercanos al Govern, liderados por el presidente de la entidad, Albert Castellanos -que también es secretario en la Consejería de Empresa, en manos de ERC- y otros 4 independientes.
La dimisión se produjo justo antes de que el organismo votara a favor de los avales, una votación en la que el medio apunta a que se produjo un empate con tres votos a favor, 3 en contra y, el resto abstenciones. Los dimisionarios huyeron para no tener que pronunciarse.
El perfil de estos tres miembros ya ha desaparecido de la web del órgano financiero.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas ya ha anunciado que está estudiando rechazar el aval del ICF y todo apunta a que así será. De hecho, las fuentes consultadas por ED aseguran que «hubiera tenido más posibilidades de salir adelante con el aval de una entidad bancaria», tal y como se planteó inicialmente el Govern.
Asimismo, insisten en que hay que tener en cuenta que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, tras considerar que incurre en falta de legitimación activa al entender que el perjuicio se causó a la Generalitat.
El Govern también se escuda en el tiempo para buscar soluciones y es que si el aval del ICF fuera rechazado, el propio organismo lo podría recurrir, así como los encausados. No obstante, se muestran convencidos de que el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que se conocerá el próximo 29 de julio, será favorable y avalará el mecanismo ideado por la Generalitat para sufragar las fianzas de sus 34 ex altos cargos.
