Tres barones socialistas se disputan la fábrica de baterías

A falta, teóricamente, de menos de dos semanas para que se publiquen las bases del Perte del automóvil, la ubicación de la fábrica de baterías eléctricas para nutrir a Volkswagen es todavía un misterio. El consorcio formado por el Gobierno y la automovilística alemana recibió un alud de ofertas, pero tres ocupan un lugar preferencial: Extremadura, la provincia de Huesca y Sagunto (Valencia). 

Según explican a Economía Digital fuentes de las negociaciones, las candidaturas de Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana son las tres mejor posicionadas para quedarse con la planta de producción de baterías del primer gran proyecto financiado con los fondos europeos. Aunque la decisión todavía no está tomada, surgirá casi con total seguridad de esta terna. 

Se da la circunstancia además de que los tres territorios están liderados por presidentes socialistas. Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura) son tres barones con peso dentro del ecosistema del PSOE. Y los tres cuentan con argumentos para atraer a la insignia del Perte a sus dominios. 

Aragón cuenta con las mejores conexiones con las fábricas de Seat en Martorell (Barcelona) y Volkswagen en Landaben (Navarra), lo que permitiría enviar la producción con facilidad a su destino final. Además, tiene en Figueruelas (Zaragoza) una planta de Stellantis que, en un momento dado, también podría beneficiarse de las baterías. 

La Comunidad Valenciana pretende erigir el centro de cargadores en Sagunto, cerca del puerto. Su elección sería una apuesta decidida por el corredor mediterráneo tan reclamado desde Valencia. La región cuenta con otro argumento que podría jugar a su favor: va a ser una de las zonas más perjudicadas en la reforma de la financiación que prepara Pedro Sánchez, por lo que podría exigir la fábrica como compensación. 

Por último, Extremadura es la pieza que ofrecerá los recursos naturales para hacer funcionar las baterías. Su elección encaja a la perfección con la apuesta por la España vaciada que el Gobierno aseguró que serían los fondos europeos. 

Cataluña queda relegada

Queda así fuera de los finalistas la candidatura catalana, que también trató de atraer la instalación. Primero la intención fue ubicar la inversión en los terrenos de Nissan en Zona Franca (Barcelona), pero rápidamente vieron que la zona se quedaba pequeña. Luego se apostó por solares en Tarragona y Lleida, pero parece que fueron descartadas desde el Ejecutivo central.

Fuentes cercanas a la oferta catalana explican que el Govern se movió tarde, cuando las propuestas de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura ya tenían los detalles mucho más avanzados que los bocetos presentados por la Generalitat. El Ejecutivo ya no iba a hacer marcha atrás.

Otras voces de la industria son más comprensivas y recuerdan que Cataluña ya se llevará buena parte de la inversión del Perte: Martorell ensamblará los coches eléctricos y las baterías se montarán cerca de la fábrica de Seat. «El Perte es un proyecto de país; no puede llevárselo todo Cataluña», advierten.

A la espera del Perte del automóvil

Volkswagen espera a tener el detalle del Perte del automóvil que ultima el Gobierno para conocer las ayudas que recibirá su inversión en España. El paquete de medidas públicas recibió este jueves un espaldarazo por parte de la Comisión Europea, que aprobó el esquema de 3.000 millones de euros incentivos al sector para que impulse su electrificación.

El paquete será financiado en buena medida por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobado por los países miembro de la Unión Europea en verano de 2020.

De este modo, la comisaria de Competencia de la institución, Margrethe Vestager celebró que el Perte español contribuirá a “hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas de Estado y los objetivos del pacto verde europeo”. También servirá para “desempeñar un papel importante en la recuperación ecológica y digital de la economía española, garantizando al mismo tiempo que se minimicen las posibles distorsiones de la competencia”, a su juicio.

Con el visto bueno de la Comisión Europea, el Ejecutivo debe ahora publicar el proyecto en el que se detallen la cuantía de las ayudas y los procesos y requerimientos para acceder a ellas. La ministra Maroto se comprometió a que esto sucedería antes de terminar el año.